Una solución integrada para los interinos

El acceso a la función pública docente tiene un marco general regulado en un real decreto. La cuestión del acceso a la docencia se pone recurrentemente sobre la mesa cuando se habla de reformas educativas. Ahora, los principales partidos proponen lo conocido como MIR educativo, aunque este modelo requiere todavía de concreciones y consenso.

La crisis económica, durante la cual ni siquiera se ha llegado a cubrir la tasa de reposición a través de oposiciones, ha incrementado el porcentaje de interinos, en términos generales.

En cambio, a diferencia de las oposiciones, la regulación de las bolsas de empleo es autonómicamente mucho más diversa. Desde las listas catalanas que se reordenan por días trabajados en las que cabe cierta contratación directa desde los centros, a acuerdos como el recientemente firmado en Murcia en los que se pondera experiencia y notas en los exámenes de la oposición. Desde el modelo madrileño que no guarda la nota en las oposiciones hasta el valenciano, con un orden de simple antigüedad que garantiza vacantes a interinos que nunca la han superado. La disparidad autonómica es enorme y la crisis ha incrementado un problema enquistado.

¿Qué vale más, la nota o la experiencia? Cualquiera de los dos argumentos es bueno. Aunque se podría cuestionar el modelo de oposición, éste es el modelo de acceso a la función pública, con lo cual el rendimiento en estas pruebas es el que debe medir el acceso. También es cierto que la práctica docente, y no la memoria, es lo que se busca en un buen docente y es atrevido dudar de la validez de un personal que, no olvidemos, sí llama cada curso la Administración como para que ahora le diga que no vale.

Pero esta crisis ha roto ese equilibrio que compensaba al buen opositor con el acceso a la interinidad como paso previo a alcanzar la suficiente experiencia que le permitiera ganar la plaza.

De este modo, el concepto “aprobar la oposición” que realmente significa conseguir alguna de las plazas convocadas, ha derivado en una demostración de la valía. Es decir, en un proceso además de selectivo, acreditativo.

La idea es muy interesante y, como comenta esta semana en la edición valenciana de Magisterio el secretario autonómico de Educación de la Comunitat Valenciana, Miguel Soler, con un encaje óptimo en la propuesta de MIR educativo y extensible a todo tipo de centros. Es decir, el diseño de un modelo de oposición más prácticas evaluables que acredite para la docencia. De aquí, unos obtendrían plaza de funcionario, otros se ordenarían según antigüedad en las bolsas de trabajo de interinos. Y también el personal de centros concertados y privados debería tener esta acreditación.

El objetivo, al que obviamente habría que incluir concreciones y matices, es que todo nuestro profesorado acreditara esa valía, independientemente de la posterior contratación por las distintas vías de la Administración pública o la directa de las empresas privadas.

Incluso un modelo así tiene puntos de conexión con el sistema que defiende el colectivo de interinos Nuevo Acceso Docente (NAD) que, en primer lugar, pide que la Administración guarde la nota de la oposición sin tener que presentarse repetidamente a las oposiciones ya superadas.

Claro que el caso valenciano es bastante único y posiblemente sea la autonomía con más interinos en activo que nunca ha superado una oposición. Y donde el enquistamiento de las bolsas difiere mucho de las buenas intenciones arriba expresadas, tanto, que ahora se ha tenido que recurrir a la opción de que algunas sustituciones se cubran por la primera persona que tenga la titulación y se inscriba en su convocatoria. Y este docente, que por ser el más rápido en clicar en un web tendría ya servicios prestados, estará por delante en las bolsas del opositor de este verano, por muy buena nota que saque.

Es tanta la casuística autonómica que la variabilidad de la situación de los interinos dificulta la comparación. Pero si nos creemos que la calidad de un sistema educativo es la calidad de su profesorado, la política laboral debe estar a la vanguardia de la política educativa. Y de poco sirven los libros blancos, los estatutos y reformular el acceso y selección del profesorado, si en la práctica hay dos vías de contratación tan divergentes en la escuela pública. Además de que daría claridad y seguridad a un personal docente con el que la Administración cuenta, y que no sea la capacidad de presión de tal o cual colectivo frente a tal o cual Consejería lo que determine el modelo de reordenación.

…Tan divergentes que, a pesar de que los tribunales se lo han reconocido, los interinos valencianos siguen sin cobrar los sexenios.