Mensajes optimistas para la universidad
La universidad española es un ejemplo de supervivencia en medio de una profunda crisis económica y, en cierto modo y derivada de esta, de turbulenta navegación, porque en los últimos tiempos no ha sido una prioridad para los poderes públicos.
En los últimos días y en pleno debate de la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) se han reenviado a los campus mensajes esperanzadores aunque, lógicamente, hay que recibirlos con cautela porque son muchos los factores que juegan en su definitiva resolución y, a veces, solo buscan amansar las aguas de forma temporal.
Entre los recados recibidos por las universidades destaca la propuesta de bajar el umbral mínimo previsto por el Gobierno para los precios de los másteres no habilitantes, es decir, los que no son imprescindibles para ejercer una profesión, y acercarlos a los que son preceptivos para los profesores de Secundaria, los abogados y los ingenieros. Se trata de que ambas modalidades de másteres se equilibren en lo que se refiere a los precios de sus matrículas.
El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, confirmó esta decisión a los rectores en el ultimo Consejo de Universidades. Días antes, el secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Marcial Marín, pedía a las comunidades autónomas que “ayuden” al Ministerio en la reducción de las tasas universitarias y bajen los precios de los másteres no habilitantes al nuevo umbral mínimo que el mencionado proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) recogerá.
Si se aprueba el texto, a partir del curso 2017-18, la primera matrícula en un máster no habilitante podrá ahora oscilar entre el 15 y el 50% del precio real de los estudios, cuando la polémica normativa aprobada en 2012 fijaba la horquilla entre el 40 y el 50% del coste real de esos estudios de posgrado. Si prospera el cambio, la tasa mínima de la segunda matrícula en un master no habilitante será del 30% frente al 65% anterior.
El precio medio de un máster no habilitante de 60 créditos asciende a 2.347 euros, mientras que si es habilitante su coste medio se sitúa en unos 1.633 euros.
La petición del secretario de Estado a las comunidades autónomas no es baladí, ya que son las autonomías las que tienen la potestad de decidir en qué punto de la horquilla establecida por el Ministerio sitúan sus precios. Además, la decisión de establecer un arco tan amplio obedeció a que las administraciones regionales tuvieran que destinar menos fondos para las universidades y que fueran los alumnos los que asumieran el mayor coste de los estudios de Posgrado, y también los de Grado.
Representantes del Gobierno y diputados del partido que lo sustenta han mantenido numerosas conversaciones con los rectores acerca de este equilibrio de precios. El presidente de CRUE Universidades Españolas, Segundo Píriz, calificó en su día de “una buena idea” el cambio anunciado por el Ministerio de Educación. Pero, al reavivarse la posibilidad y tomar carta de naturaleza la intención de ejecutarla, Píriz ha recordado que la petición de CRUE pasa por una reducción del precio de todos los títulos, también los de Grado, además de que se rebajen los requisitos para la obtención de una beca. En palabras del presidente de CRUE, “el Ministerio aprobó las anteriores horquillas de precios para que las comunidades pusiesen menos recursos en las universidades”. Y si finalmente aplican la reducción, “las regiones tendrán que compensar ese dinero”.
El ministro anunció también ayer que los PGE de este año recogen una tasa de reposición del 100 por 100 para el Personal Docente e Investigador, y aseguró que mediante una enmienda se intentará atender a petición de los rectores para que las plazas de contratados doctores que se convierten en profesores titulares no contabilicen dentro de este cálculo.
Todo ello, responde a las reiteradas demandas de los máximos responsables de las universidades y a la disposición de Méndez de Vigo al diálogo y a la consecución de un gran pacto educativo, pero pueden surgir complicaciones, sobre todo en lo que se refiere al riesgo de desigualdad, como sucede ahora con precios diferentes según de qué comunidad se trate, que planea sobre los campus. ¿Dispondrán las autonomías de recursos adicionales para las universidades? ¿Será la Educación Superior una prioridad en todos los casos?
De nuevo, se echa en falta la siempre anunciada, pero permanentemente arrumbada, ley de financiación. Y por ser más ambiciosos, ¿por qué no agilizar el pacto educativo donde se incluyan todos los niveles y evitar así continuos sobresaltos?
No obstante y pese al optimismo que se intenta infundir en la sociedad, España está entre los países de la OCDE que menos recursos destinan a Educación, ya que los presupuestos educativos para 2017 quedarán prácticamente congelados con respecto a 2016.
En cualquier caso, habrá que intentar que no se apague la llama de la esperanza, por débil que parezca. Y la actitud de Méndez de Vigo es positiva. El ministro asegura que lo anunciado es una decisión que confirma la apuesta de su departamento por “la estabilidad y la permanencia de nuestro profesorado en las universidades, así como por el desarrollo de una carrera profesional” que atraiga a los mejores.