Cotización por prácticas de más de 900.000 estudiantes

Desde que entró en vigor el 1 de enero de 2024 el Real Decreto-ley 2/2023, todos los alumnos en prácticas están obligados a cotizar a la Seguridad Social, independientemente de si estas son remuneradas o no. Esto marcó un antes y un después en el reconocimiento de los periodos de formación para los estudiantes de España, teniendo un impacto significativo tanto en el ámbito laboral como académico.

El objetivo de esta medida es integrar los periodos de prácticas en la vida laboral de los estudiantes. De esta manera, el tiempo dedicado a su formación contribuye a su futura jubilación. Esta iniciativa incluye a estudiantes universitarios y de formación profesional, quienes ahora se benefician de una cobertura social que, aunque no incluye el desempleo, aporta en otros ámbitos clave.

Los que realizaron prácticas antes de 2024 pueden suscribir un convenio especial para computar hasta cinco años de cotización. Según El País, en el primer año se han dado de alta 925.000 becarios no remunerados, evidenciando el impacto de esta reforma.

La medida que presenta un avance en derechos también ha generado retos. Para las universidades ha supuesto un aumento de la carga administrativa y financiera, asumiendo en muchos casos el 5% no bonificado de las cotizaciones.

Por su parte, las empresas han debido ajustar sus procesos para dar de alta a becarios remunerados y no remunerados, con una bonificación del 95% que reduce el impacto económico. En este contexto, las soluciones avanzadas para la gestión administrativa, como son los sistemas de control de horarios y planificación de turnos adoptan una importancia significativa.

Este nuevo enfoque equipara derechos entre trabajadores y becarios y promueve una mayor integración de los jóvenes en el mercado laboral. A pesar de los desafíos iniciales, se espera que esta medida fortalezca la seguridad económica de las futuras generaciones, siempre que se acompañe de recursos adecuados para garantizar su sostenibilidad.