UGT, Acció Cultural y Compromís recurren ante el TSJCV la consulta de la lengua base y piden anularla
UGT PV denuncia que esta consulta supone “una vulneración de los derechos lingüísticos” de los valencianohablantes, puesto que sitúa el valenciano “en una posición de inferioridad respecto al castellano” dentro del sistema educativo. El sindicato considera que la llamada ley de libertad educativa, de la que se deriva esta consulta a las familias, “colisiona con numerosa legislación superior”, como el Estatuto de Autonomía, la Ley Orgánica de Educación y la propia Constitución, con “abundante jurisprudencia que la avala”, y está recurrida ante el Tribunal Constitucional.
Según UGT, la consulta que el conseller de Educación, José Antonio Rovira, “se ha inventado, vulnera la legalidad vigente”, ya que “vulnera la autonomía” de los centros educativos, claustros de profesorado y consejos escolares, donde ya están representadas las familias, para decidir sobre asuntos pedagógicos, educativos y académicos. El sindicato recuerda que las dos lenguas cooficiales de la Comunitat Valenciana tienen que ser vehiculares en los proyectos educativos y plurilingües de los centros y considera necesario evitar que se tomen decisiones “irreversibles contra los centros educativos, contra el profesorado y fundamentalmente, contra los derechos educativos de los menores”.
En su opinión, la consulta, sus resultados y la ley entera “atentan contra el derecho del alumnado, ciudadanos y ciudadanas valencianas, a salir del sistema educativo con plenas competencias en ambas lenguas cooficiales” Además, cree que la iniciativa impulsada por el gobierno de Carlos Mazón tiene como objetivo “arrinconar” el valenciano en un momento” especialmente preocupante para su supervivencia social y académica”, como señalan varias encuestas sobre los usos lingüísticos. “Es también inaudito que se haga una ley y un procedimiento en el sistema educativo como la consulta, sin ningún argumento educativo ni pedagógico. Busca solo generar confrontación y daño en la comunidad educativa”, asegura UGT en un comunicado, en el que afirma que convocará movilizaciones junto con la Plataforma per l’Ensenyament Públic.
El sindicato defiende que la protección y la promoción del valenciano en el ámbito educativo “son esenciales para garantizar la equidad lingüística y la cohesión social” y cualquier decisión que afecta este ámbito tiene que “respetar el marco legal vigente, basarse en estudios científicos rigurosos y contar con la máxima transparencia y participación de los consejos escolares”.
Por su parte, Acció Cultural del País Valencià, Families pel Valencià y un colectivo de familias del barrio valenciano de Ruzafa también han presentado un recurso ante el TSJCV en el que se pide la suspensión de la orden de la Conselleria de Educación que regula la consulta sobre la lengua vehicular que quieren las familias para la educación de sus hijos. Los recurrentes consideran que esta consulta tiene como objetivo “arrinconar el valenciano”, motivo por el cual se pide al alto tribunal valenciano la suspensión cautelar de la consulta.
También Compromís ha presentado al TSJCV un recurso pidiendo la suspensión de la consulta sobre la lengua base en los centros educativos que ha convocado el gobierno de Carlos Mazón y que a su juicio “solo aspira a crear crispación”. Así lo han anunciado el síndic de Compromís, Joan Baldoví, y el portavoz de Educación en Les Corts, Gerard Fullana, quienes han indicado que este recurso contencioso-administrativo ha sido firmado por representantes de la coalición con hijas e hijos en edad escolar.
Las familias llamadas a participar en la consulta sobre la elección de la lengua base en la educación de sus hijos pueden consultar desde este lunes el censo provisional en los tablones de anuncios del interior de los centros educativos. Un total de 570.000 familias están llamadas a participar en esta consulta, en la que se decidirá la lengua principal de sus hijos e hijas para el curso 2025-26. Las direcciones de los centros públicos y la titularidad de los centros concertados deben publicar estos censos en los tablones de anuncios del interior del centro, conforme a lo establecido en la normativa. Los datos se generan a través del sistema ITACA.
Las personas interesadas podrán presentar reclamaciones sobre los censos provisionales hasta el 21 de febrero, estas deberán realizarse en la secretaría del centro público o ante la titularidad del centro concertado. Finalizado el plazo de subsanación, el censo definitivo se publicará hasta el 24 de febrero, fecha previa al inicio de la consulta. En caso de detectar errores tras la publicación definitiva, las familias podrán presentar reclamación ante la dirección territorial de Educación. La elección, entre valenciano o castellano, se realizará de forma telemática para cada estudiante matriculado en el segundo ciclo de Infantil, Primaria o los tres primeros cursos de la ESO. Bastará con el voto de un representante legal por cada hijo.
Desde el 12 de febrero, los centros educativos han facilitado a las familias información sobre la consulta y una ficha con los datos individuales de sus hijos, plazo que finaliza hoy lunes.