Los Consejos Sociales ven "injustificadas" algunas exigencias para autorizar universidades

Cumplir con un número de alumnos que llegue a los 4.500 durante los cinco primeros años de actividad de una universidad para conservar su reconocimiento u ofrecer titulaciones en al menos tres ramas de conocimiento, son algunas de las discrepancias que muestra este organismo, que representa a universidades públicas, privadas y a empresas y sindicatos. Según el informe de alegaciones que ha aprobado la Comisión Académica del CCS y al que ha tenido acceso Efe, la Conferencia de Consejos Sociales ve avances en materia de calidad como son los informes de evaluación de la Aneca o de las agencias territoriales que tendrán que ser vinculantes, pero advierte de que hay aspectos que “convendría matizar, clarificar o revisar”.

“La obligación de que las nuevas universidades ofrezcan titulaciones en al menos tres ramas de conocimiento puede dificultar la creación de universidades especializadas, que son cada vez más necesarias para responder a los nuevos perfiles profesionales demandados”, incide el documento, que será entregado este viernes al Ministerio.

Los Consejos Sociales muestran preocupación por el requisito de que una universidad mantenga al menos 4.500 estudiantes matriculados y creen que “plantea serias dudas operativas y jurídicas, dado que el número de estudiantes depende de múltiples factores, muchos ajenos al control de los propios estudiantes matriculados, y su incumplimiento podría dar lugar al cierre de instituciones con el consiguiente perjuicio para ellos”. Sin embargo, ven fundamental que las agencias que emiten los informes favorables o desfavorables estén debidamente acreditadas y registradas y apuestan por una evaluación continua de todas las universidades para que en caso de que no cumplan con los requisitos de calidad que se exige en una universidad -docencia, investigación y transferencia de conocimiento- se les revoque la autorización.

“No se trata únicamente de establecer requisitos de entrada al sistema, sino de garantizar mecanismos eficaces de seguimiento que verifiquen, a lo largo del tiempo, que las universidades mantienen el nivel de calidad exigido. Este principio debe aplicarse con independencia de la naturaleza pública o privada de la institución”, inciden en sus alegaciones. Los requisitos deben ser exigentes “pero proporcionados, de forma que aseguren la calidad sin convertirse en obstáculos injustificados”, recalcan tras afirmar que “una universidad pública fuerte y bien financiada es la mejor defensa frente a modelos de baja calidad, y no la imposición de limitaciones administrativas que puedan restringir la innovación”.

Los Consejos Sociales abogan por incluir en el decreto una mayor rendición de cuentas y transparencia en las universidades, con la publicación de resultados de la actividad docente, investigadora y de transferencia; con sistemas internos de control que prevengan irregularidades en la expedición de títulos; y con informes de seguimiento. Piden además que no se encubran actividades docentes regulares bajo la apariencia de colaboraciones esporádicas y para ello proponen una ‘docencia ocasional’, con límites de frecuencia, duración, retribución y tipo de actividad y una cláusula de incompatibilidad entre la dedicación a tiempo completo en la universidad pública y cualquier actividad docente reglada en la privada.

Señalan que los centros universitarios adscritos o propios que imparten títulos oficiales deberían tener la posibilidad de impartir otros títulos como microcredenciales, formación continua o Formación Profesional y se muestran contrarios a la limitación para que las universidades no puedan solicitar más de cinco verificaciones de nuevas titulaciones oficiales de Grado o Máster, ni más de cinco modificaciones sustanciales que impliquen aumento de plazas. Tampoco comparten que las universidades virtuales, con un 80% de enseñanza online, tengan que pasar por la aprobación de las Cortes Generales.

La Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) ha valorado positivamente el esfuerzo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades por actualizar el marco normativo que regula la creación y acreditación de las universidades privadas en España y, en el periodo de audiencia e información públicas, ha formulado 13 recomendaciones con el objetivo de que la nueva norma se adapte mejor a la realidad del sistema universitario y a sus desafíos futuros, y garantice una oferta educativa rigurosa, diversa y con compromiso social.

Los Consejos Sociales son los representantes de la sociedad en el gobierno de la Universidad. Tienen encomendadas funciones de supervisión y control de las actividades de carácter económico y académico de la Universidad, así como del rendimiento de sus servicios. La Conferencia de Consejos Sociales (CCS), creada en 2005, agrupa a los Consejos Sociales de 41 universidades públicas españolas e integra también a un número creciente de universidades privadas, en la actualidad 10.

Las propuestas de la CCS buscan garantizar un equilibrio entre la calidad y la flexibilidad institucional, y evitar rigideces que limiten la innovación, la especialización o el crecimiento sostenible del sistema.

1. Equilibrio entre libertad de creación y exigencia institucional. La CCS defiende el derecho constitucional de creación de centros docentes y considera que los requisitos de calidad sean exigentes pero proporcionados, sin convertirse en barreras a la innovación o a la diversidad institucional.

2. Oportunidad de la reforma normativa en un contexto cambiante. La CCS apoya la reforma como respuesta necesaria a la transformación del sistema universitario, y valora que el borrador recoja avances en gobernanza y calidad.

3. Consenso sobre las funciones esenciales de la universidad. Toda universidad debe asumir de forma efectiva sus tres funciones: formación, investigación y transferencia. Reducir su papel solo a la docencia compromete su esencia.

4. Diversidad institucional y especialización: evitar rigideces normativas. La exigencia de ofrecer titulaciones en al menos tres ramas del conocimiento puede dificultar la creación de universidades especializadas, que son clave en el nuevo contexto formativo y profesional.

5. Evaluación de la calidad por encima de umbrales numéricos. La CCS rechaza que el número de estudiantes matriculados (mínimo de 4.500 alumnos) sea un criterio para mantener el estatus de universidad. Considera que debe primar la calidad educativa, medida por evaluaciones objetivas, periódicas y globales realizadas por agencias independientes.

6. Neutralidad en el tratamiento de universidades presenciales y virtuales. La Conferencia rechaza que las universidades virtuales deban pasar por un procedimiento distinto a las universidades presenciales que implique la aprobación de las Cortes Generales. Todos los centros deben evaluarse con criterios de calidad, con independencia de la modalidad de impartición.

7. Fortalecimiento y autonomía de las agencias de calidad. Se reclama dotar a estas agencias de más autonomía, recursos y reconocimiento internacional, para que puedan desempeñar su función con garantías y sin interferencias políticas o institucionales.

8. Financiación universitaria: una condición imprescindible. Se celebra la creación de una comisión para avanzar hacia el 1% del PIB en financiación pública universitaria, condición indispensable para que las universidades puedan asumir las nuevas exigencias del decreto.

9. Transparencia y buen gobierno institucional. La CCS subraya la importancia de que las universidades publiquen de forma clara sus resultados en docencia, investigación y transferencia, y cuenten con sistemas internos que prevengan posibles irregularidades, especialmente en la expedición de títulos. Esto aumentaría la confianza ciudadana en el sistema universitario y mejoraría su rendición de cuentas.

10. Compatibilidades del profesorado: necesidad de desarrollo normativo y aplicación efectiva. La CCS respalda la limitación de la docencia en universidades privadas por parte del profesorado público a tiempo completo, pero reclama una regulación más clara y mecanismos efectivos de control.

11. Sobre la interpretación del artículo relativo a la naturaleza de los centros universitarios. La redacción actual del decreto puede generar dudas sobre si las universidades pueden tener centros adscritos que impartan formación no oficial, como microcredenciales, formación continua o FP de grado superior. La CCS pide que se aclare que estas actividades, clave en el aprendizaje a lo largo de la vida y en la conexión con la sociedad.

12. Sobre la limitación anual de nuevas titulaciones y modificaciones: riesgo de rigidez y propuestas alternativas. El decreto propone que cada universidad solo pueda presentar cinco nuevas titulaciones por curso y cinco modificaciones. La CCS considera que este límite es poco realista, ya que no tiene en cuenta el tamaño, estrategia o madurez institucional de cada universidad. Como alternativas, propone una planificación plurianual coordinada, mayor autonomía para las universidades acreditadas o una redefinición clara de qué se considera una modificación sustancial.

13. Llamamiento a un debate sosegado y orientado al consenso. Finalmente, la CCS hace un llamamiento al diálogo constructivo y ofrece su colaboración para mejorar el sistema universitario, apostando por un modelo plural, de calidad y socialmente comprometido.

Con estas propuestas, la CCS pretende contribuir a una reforma normativa que fortalezca el sistema universitario español, lo haga más adaptativo y garantice que tanto universidades públicas como privadas cumplan con su función social en condiciones de excelencia y equidad.