Ayuso anuncia que la nueva Ley de Enseñanzas Superiores creará un distrito único de prácticas
Entre los principales ejes y novedades de la LESUC, Díaz Ayuso ha destacado que la primera Ley de Enseñanzas superiores de la región universitaria más importante de España unificará de forma pionera todas las enseñanzas superiores: las universidades y la investigación científica, la FP superior, las enseñanzas superiores artísticas, las deportivas, y las escuelas de negocios. Este reconocimiento legal tenderá puentes entre la formación y el empleo, y fomentará el aprendizaje continuo y el reciclaje profesional.
La futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia afronta el desafío de la formación dual creando un Distrito único de prácticas, con una Comisión de coordinación en la que intervendrán todos los agentes interesados, y una aplicación informática unificada, para lograr que ningún estudiante universitario ni de Formación Profesional se quede sin prácticas.
La Ley apuesta por proteger las Humanidades y fomentar la lengua española en la vida universitaria, con medidas como la rebaja de tasas a los estudiantes hispanoamericanos para que paguen lo mismo que cualquier joven español o de la UE. Además, se exigirá un mínimo de español homologado para estudiar en universidades públicas y privadas, excepto en los títulos que se impartan en origen en otro idioma.
En cuanto al nuevo sistema de financiación para las universidades públicas, que será plurianual y revisable cada cinco años, incluirá tres niveles: una financiación básica para el normal funcionamiento de los campus; otra para necesidades singulares que permitirá, por ejemplo, la rehabilitación de edificios; y una tercera adicional y opcional por la consecución de distintos objetivos, como potenciar la formación dual en títulos de grado y máster o fomentar pruebas de admisión que aumenten la exigencia en el acceso a grados como Educación Infantil y Primaria, entre otros.
Para completar esta financiación, se proporcionará a estos centros nuevas herramientas de financiación como la gestión de sus propias carteras de inversión, el préstamo interuniversitario de sus remanentes en unas condiciones preferentes, la gestión de sus propios inmuebles, la activación de una central de compras que permita abaratar costes o el desarrollo de servicios comunes de gestión administrativa.
Otras de las novedades de la futura norma serán el reconocimiento de las acreditaciones de profesores de toda España, siguiendo el modelo de la Ley de Mercado Abierto; la posibilidad de que las universidades reconozcan créditos por actividades de voluntariado; el acceso de alumnos y profesores de FP superior a convocatorias propias de investigación por primera vez en España; el impulso de la colaboración público privada en el ámbito universitario; el reconocimiento de las escuelas de negocio, dotándolas de rango universitario y de un marco legal que garantizará su calidad; o la obligación de que las universidades informen a las familias si los másteres que ofertan son oficiales o no para evitar confusiones.
Además, Díaz Ayuso ha anunciado que la Comunidad de Madrid llevará a los tribunales el Real Decreto sobre el reconocimiento y acreditación de universidades que prepara el Gobierno central, “que ataca a las universidades privadas, va contra la Constitución e invade competencias autonómicas”. La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, ya ha presentado alegaciones a este texto ante el Ministerio.
Este Real Decreto se va a tramitar por el procedimiento de urgencia y establece requisitos adicionales para los centros privados, como tener un mínimo de 4.500 alumnos. El Gobierno regional se opondrá a esta normativa con todos los instrumentos a su alcance para defender no solo a los centros de Madrid, sino a ese 60% de las universidades privadas aprobadas por gobiernos autonómicos del PSOE que se verían ahora condenadas a la ilegalidad y a la desaparición con este Real Decreto.
El sistema universitario madrileño está formado por seis centros públicos y 13 privados que ofrecen más de 1.800 títulos oficiales de grado, máster y doctorado a sus más de 300.000 estudiantes (más de 200.000 en los centros públicos y el resto en las universidades privadas). La Comunidad de Madrid, que tiene el 14,4% de la población española, concentra el 22,4% de los estudiantes universitarios de toda España, frente a otras regiones como Cataluña, que tiene menos estudiantes superiores (15,9%) que porcentaje de población (16,5%); o Andalucía, con un 17,7% de población y un 17,3% del total de universitarios del país. Más de la mitad de los estudiantes universitarios en la Comunidad de Madrid cursan en la pública.
Por su parte, el secretario general del PSOE madrileño, Óscar López, ha alertado de que la nueva ley de universidades del Gobierno de Díaz Ayuso supone “el mayor ataque en democracia” a la universidad pública, y asegura que el Partido Socialista trabajará “por tierra, mar y aire” para impedirlo. “Quiero denunciar el ayuzaso universitario que nos llega”, ha dicho López este lunes en el 13 Congreso regional de CCOO Madrid después de que la presidenta regional presentara la futura ley, que, según López, busca “acabar con la autonomía universitaria y con el motor de igualdad que es la universidad pública”
López ha recordado los recortes en la educación y en la sanidad por parte de la presidenta y ha señalado que el proyecto de Ayuso es “el mayor ataque a la universidad pública que ha habido en España en democracia” y que los gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid preparan desde hace “años recortando la financiación”.
En la misma línea e incluso usando los mismos términos, la Diana Morant dijo que se trata de un “ayusazo” que redundará en la “asfixia generalizada” de la universidad pública madrileña, a la vez que “abre las puertas” a la privada. Respecto a las alegaciones presentadas por Madrid contra el decreto de creación de nuevas universidades, la ministra ha dicho: “No me cabía ninguna duda de que la señora Ayuso iba a sentirse amenazada”.
También ha comentado otra de las medidas de la futura ley madrileña, la creación de un distrito único de prácticas. “El distrito único acaba generando siempre guetos, porque al final hay una distribución arbitraria de la población y, por tanto, no hay una integración real”, ha valorado. “Lo que intentan continuamente es atacar y destruir ese sistema de igualdad de oportunidades”, ha concluido la ministra, quien ha recordado a Díaz Ayuso que tiene “la obligación de financiar a las universidades públicas”.



