La Junta de Andalucía denuncia "discriminación" del Gobierno en el rechazo al decreto de universidades
El consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, interviene durante la comisión parlamentaria.
En su comparecencia en comisión parlamentaria Gómez Villamandos ha recordado que la Junta ha presentado dos alegaciones al proyecto que endurece los criterios de creación de universidades, que ha calificado como “arbitrario, parcial y profundamente injusto”. Según el consejero, el Real Decreto supone una intromisión en las competencias autonómicas y vulnera los principios de lealtad jurídica y de lealtad institucional, por lo que lo ha considerado “una cortina de humo” y ha opinado que puede “rozar la inconstitucionalidad”.
Villamandos ha añadido que en el mismo se establecen requisitos para la creación y reconocimiento de campus que “van más allá de las bases estatales permitidas por la Constitución” y que existe injerencia también en las exigencias de informes vinculantes de órganos estatales para la creación de universidades telemáticas, “incluso sin éstas son promovidas por comunidades”. U ha explicado que el Real Decreto atribuye a los informes de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) la condición de preceptivos y vinculantes, “anulando así la capacidad de decisión de las regiones, incluso si éstas cuentan con sus propios organismos de calidad”. “Esto es, a todas luces, una intromisión en las competencias de las comunidades autónomas, que son competentes en materia de creación de universidades públicas y privadas”, ha lamentado Gómez Villamandos.
En su opinión el Gobierno presenta un decreto que “carga de nuevo con el argumento manido de la privatización de las universidades, se presenta como el garante en el control y la calidad universitaria y, sin embargo, exime de las exigencias de personal docente a las universidades privadas con regímenes de precios públicos”. Ha lamentado asimismo que introduce nuevos requisitos como el número mínimo de estudiantes o el porcentaje de captación de fondos aplicables a proyectos ya iniciados, pero no fija un régimen transitorio adecuado para quienes ya había adquirido derechos en este aspecto.
Para el consejero el decreto “manipula el principio de seguridad jurídica al aplicar una retroactividad encubierta mediante la disposición transitoria quinta”, que, según ha indicado, “podría anular iniciativas universitarias que ya contaban con informes favorables, pero no habían iniciado el trámite de audiencia. Andalucía ha presentado dos alegaciones al proyecto de decreto, relacionadas con el concepto de universidad con especiales características y con eximir a las universidades privadas que se rigen por el sistema de precios públicos en sus títulos oficiales de aplicárseles las exigencias que se establecen para las anteriores.