Madrid lamenta que Morant critique su ley universitaria sin conocerla
El portavoz de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno regional, García Martín ha apuntado que Morant ya dijo “una serie de barbaridades” contra la norma cuando ni siquiera se conocía su borrador. Por ello “no espera nada” de apoyo ni de ella ni de un Gobierno al que también pertenece el secretario general del PSOE-M, Óscar López, al que ha afeado asimismo haberse referido a la ley en términos “poco edificantes”. Y les ha reclamado a ambos ministros “un poquito más de rigor” y de “lealtad institucional”.
El lunes pasado, Morant avisó al Ejecutivo madrileño de Isabel Díaz Ayuso de que, al igual que ella ha presentado alegaciones contra el decreto que pone freno a las universidades privadas, el Gobierno “también va a hacer frente” a su ley autonómica de universidades. La presidenta madrileña lamentó que la izquierda ya tenga “preparada” una huelga contra su futura ley universitaria cuando todavía “no está redactada”, y cree que la critican porque “nunca quieren que nada cambie”, para así preservar sus “chiringuitos”. “Son incapaces de decir una sola medida que les parezca mal (…) no le encuentran los defectos”, ha declarado Díaz Ayuso en el pleno de la Asamblea, donde el PSOE-M le ha preguntado por la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia, que, previsiblemente, se aprobará en el último trimestre de 2025.
Díaz Ayuso ha defendido que su Gobierno lleva “dos años negociando con todos los sectores” para sacar adelante esta norma, y la ha contrapuesto a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que según la presidenta salió adelante “contra el criterio de los rectores”. Ha sostenido además que Madrid es “la región con más estudiantes”; que el 70% de su oferta de plazas universitarias es pública; y que aporta a las universidades más de 1.200 millones de euros de presupuesto, equivalentes al 4% del PIB autonómico.
A su vez, ha puesto en valor medidas contempladas en la futura ley como la creación de un distrito único de prácticas; que las universidades “puedan compartir sus gastos, sus servicios administrativos o las compras”; o “que haya un mínimo de español homologado para que haya un nivel en los títulos”.
Por otro lado, Madrid ultima la aprobación de la jornada partida como norma general en los colegios públicos de Infantil y Primaria, Educación Especial y los públicos autorizados a impartir Enseñanza Secundaria Obligatoria desde el próximo curso 2025-26. El Consejo de Gobierno ha conocido este miércoles un informe sobre los principales puntos del proyecto de decreto que pronto verá la luz para regular la jornada escolar, un documento que ya ha superado la fase de consulta pública y llegará próximamente al Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid.
Según el Gobierno regional, este cambio a la jornada partida en su educación pública busca incrementar la capacidad de elección de las familias madrileñas, facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, mejorar el rendimiento de los alumnos –con edades de 3 a 12 años– y permitir que los horarios escolares se adapten a las necesidades actuales. En el texto del decreto se establece la organización del horario en estos centros, que por norma general se desarrollará en dos sesiones de mañana y tarde con un intervalo entre ambas de dos horas y la posibilidad de realizar jornada continuada en los meses de septiembre y junio. La única excepción será la de aquellos que, a su entrada en vigor, ya tuvieran aprobado el horario continuado para su actividad docente.
La segunda parte del futuro decreto regula el procedimiento para que estos colegios públicos de la región, si así lo desean, puedan tramitar y aprobar el cambio de su jornada escolar al horario partido, una actuación que se facilita y que simplifica para que las familias y comunidades educativas que lo estimen puedan activarlo con todas las garantías. Así, para poner en marcha el proceso de cambio tendrá que solicitarlo al menos un tercio de los miembros del Consejo Escolar del centro, formado por los padres de alumnos, profesores, personal de administración y servicios y representantes municipales. Actualmente se requiere que esa petición la planteen dos tercios, con mayoría absoluta de los representantes de padres y profesores.
El procedimiento de votación de las familias sigue permitiendo que sea presencial, por correo y telemático, pero se establece que para que sea válido únicamente será necesario que la mayoría de los emitidos sean favorables. Desaparecerá así la actual exigencia de que lo emitan al menos dos tercios del censo electoral del centro.