Universidades da más margen a las privadas y las online para adaptarse a la nueva ley

Según un nuevo borrador del decreto al que ha tenido acceso Efe y que este lunes analiza el Pleno del Consejo de Universidades que preside la ministra Diana Morant, los plazos para adaptarse a los nuevos requisitos académicos, financieros y de investigación que contempla la norma se han ampliado. En este sentido, los nuevos centros tendrán que superar los 4.500 alumnos en un plazo de seis años, en vez de cinco, desde el inicio de la actividad.

También las universidades y centros que, en la fecha de entrada en vigor del decreto, cuenten con su correspondiente autorización dispondrán de hasta tres años para adaptarse a las nuevas condiciones, mientras que aquellas universidades cuya actividad hubiera comenzado durante los tres años anteriores a la entrada en vigor dispondrán de un plazo de cinco años.

En el caso de que aún no tengan autorización dispondrán de hasta cinco años, en vez de los tres propuestos inicialmente. No obstante, el nuevo texto mantiene la exigencia de que los expedientes en proceso que aún no han recibido el informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) deban recibir una evaluación positiva de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) o de la agencia de calidad autonómica para poder abrir el centro.

El nuevo borrador también acota el tiempo que tienen las agencias de calidad autonómicas y el Ministerio para poder emitir sus informes: en el caso de la primeras -que serían vinculantes- se establece un plazo máximo de un año y en el caso del Gobierno seis meses.

Universidades online: cuatro años para adaptarse

Las universidades que imparten más del 80% de su enseñanza online y que están ya activas no estarán sujetas al control de las Cortes Generales para evaluar sus titulaciones oficiales o para recibir acreditaciones institucionales, seguirán dependiendo de las agencias de calidad de la comunidad en la que tienen su sede o en caso de no tener dependerán de la Aneca. Serán los nuevos centros virtuales los que deberán recibir el visto bueno del Parlamento. Este tipo de universidades dispondrán de cuatro años para adaptarse a los nuevos criterios.

Matices al presupuesto para investigación

En su disposición adicional décima, el Gobierno, además de incidir en que las universidades deberán publicar anualmente los principales resultados que reflejen el desarrollo de la actividad docente, investigadora y de transferencia, puntualiza que deberán dedicar al menos un 5% de su presupuesto a ello, pero “entendido como el importe neto de la cifra de negocios en el caso de las universidades privadas y como el importe del total de los ingresos en el caso de las universidades públicas”.

Añade que este incumplimiento conllevará que no puedan volver a presentar nueva solicitud hasta transcurridos dos años. También cambia el número mínimo de publicaciones promedio de los docentes, que será por cada profesor o profesora, y amplía a 7 años en vez de 5 los márgenes para acreditar proyectos de investigación.

El Ministerio también flexibiliza otros criterios como los de impulsar enseñanzas propias o puntualiza que en la memoria que se debe presentar se incorporen compromisos y no convenios para garantizar las prácticas del alumnado. El plazo para presentar medidas correctoras es ahora de tres meses frente al mes que se proponía en un primer momento.

La nueva ley también baja al detalle en cuanto a los metros cuadrados que deben tener los laboratorios de investigación y sobre cómo deben estar dotados los despachos del profesorado para facilitar las tutorías.

La ministra Morant ha advertido de que las universidades “tendrán que ponerse las pilas” para poder impartir una enseñanza de calidad y ha reiterado que “nadie tiene que sentirse amenazado” con la nueva ley. Antes de presidir el Pleno del Consejo de Universidades, la ministra ha incidido en que el decreto de nuevas universidades “no va en contra de nadie, si hacen las cosas bien”. “Y aquel que no esté haciendo las cosas bien, ese tendrá que o ponerse las pilas o directamente no será una universidad en nuestro país”, ha recalcado tras señalar que el Gobierno hará prevalecer el interés general para que los jóvenes tengan “una universidad que no solo garantice la calidad, sino también el acceso en igualdad de oportunidades”.

Morant ha explicado que el decreto que hoy se presenta a las universidades, y del que ya han sido informadas las comunidades autónomas, trata de “poner coto a la aparición de universidades privadas que no cumplen con la calidad suficiente” y ha reiterado que hay que “revertir una década de recortes y de decadencia que sufren las universidades públicas y que ha hecho que se abra la puerta a la aparición de privadas”. De momento, el Ejecutivo ha flexibilizado algunos criterios en cuanto a los plazos de adaptación de las universidades que ya están en marcha, pero está decidido a que las solicitudes de apertura en trámite inicial se atengan a los nuevos criterios, y requieran de la evaluación favorable de la Aneca o de la agencia de calidad autonómica.

Un punto del decreto que afecta a 10 universidades en proceso de creación y que ha levantado duras críticas de las comunidades gobernadas por el PP, mientras que otras como el País Vasco aluden a una invasión de competencias. Morant ha arremetido contra aquellos gobiernos regionales que han infrafinanciado a sus universidades públicas y “están obligando directamente a los estudiantes a estudiar en una privada.

Al término de la reunión del Consejo, el Ministerio ha publicado un comunicado de prensa en el que asegura que no ha habido intervenciones en contra de la propuesta del Gobierno, a la que se han introducido cambios a lo largo del proceso de alegaciones. “Uno de los cambios consiste en establecer que todas las agencias evaluadoras deberán crear una Comisión de evaluación específica para elaborar los informes” de nuevas universidades, compuestas por una mayoría de profesorado universitario elegido por sorteo, explica el comunicado. El objetivo de esta medida –explica– “es garantizar la independencia del proceso evaluador”.

La Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades ha aprobado este lunes una moción del PP que pide al Gobierno que renuncie “a cualquier intento de modificación unilateral” de la normativa estatal sobre universidades, sin la participación de los gobiernos autonómicos y sin escuchar a los centros de enseñanza superior. La aprobación de esta iniciativa parlamentaria -17 votos a favor y 10 en contra- se produce en plena polémica por el decreto que está elaborando el Gobierno para poner freno a la proliferación de universidades privadas, y por la ley de universidades que está tramitando el Ejecutivo madrileño de Isabel Díaz Ayuso.

Los populares argumentan su iniciativa parlamentaria en que el Gobierno ha iniciado “un nuevo ataque contra la libertad educativa, el pluralismo institucional y el ejercicio legítimo de las competencias autonómicas en el ámbito universitario”, amparándose –critican en la moción– en “combatir las denominadas ‘universidades de garaje'”. Para el PP, en lugar de tratarse de un decreto gubernamental para garantizar la calidad de los títulos universitarios de estos centros privados, el Gobierno está “contraviniendo el marco constitucional con una actitud inervencionista” y ha iniciado una “campaña de deslegitimación y desacreditación” de universidades privadas legalmente reconocidas por las Comunidades Autónomas.

Por ello, la moción aprobada este lunes en la Comisión de Universidades de la Cámara Alta pide “respetar el ámbito competencial de las comunidades autónomas” y reclama “garantizar el principio de autonomía universitaria”, absteniéndose –prosigue el texto– “de promover medidas que interfieran en la organización, programación académica o estrategia institucional de las universidades legalmente constituidas”. Además de pedir que se fortalezcan “los mecanismos de cooperación multilateral con las comunidades autónomas en el marco de la Conferencia General de Política Universitaria”, la moción del PP se refiere directamente al nuevo decreto que está en proceso de elaboración.

Así, el último punto del texto reclama al Ejecutivo “renunciar a cualquier intento de modificación unilateral de la normativa básica estatal que tenga como objeto limitar, directa o indirectamente, la creación de nuevas universidades sin la participación activa de los gobiernos autonómicos y sin escuchar a las universidades públicas y privadas del conjunto del Estado”.