La Facultad de Educación de la UIB denuncia que el acuerdo PP-Vox atenta contra el modelo educativo

La junta de dicha facultad ha emitido este viernes un documento de 11 páginas con su posición en contra de las propuestas lingüísticas del acuerdo entre el PP y Vox para la aprobación de los presupuestos de 2025. El documento califica las propuestas del apartado ‘Bilingüismo en la Educación como un intento de desmantelar progresivamente “el modelo de conjunción lingüística vigente”, que establece el catalán como lengua vertebradora del sistema educativo y garantiza el dominio equivalente de las dos lenguas oficiales al finalizar la escolarización obligatoria.

La Facultad argumenta que las propuestas de modificación legislativa carecen de justificación pedagógica y vulneran tanto la normativa autonómica como la estatal. Subrayan que la introducción explícita del castellano como lengua vehicular en la ley educativa es innecesaria y contraria al marco normativo, que ya garantiza su aprendizaje y uso dentro del sistema educativo.

La facultad se opone al plan piloto de libre elección de lengua por promover la segregación del alumnado por razón lingüística, contraviniendo la Ley de Normalización Lingüística y el principio de cohesión escolar. Según la Facultad, extender esta medida a la educación secundaria agravaría las desigualdades y fragmentaría el sistema. Advierten de que el uso del concepto de ‘libre elección de lengua’ en campañas institucionales puede inducir a error y generar inestabilidad en las escuelas y puntualizan que elegir la lengua del primer contacto escolar no equivale a decidir sobre la lengua vehicular de toda la etapa.

También critican la intención de rebajar los requisitos para acreditar el conocimiento de catalán y otorgar automáticamente títulos lingüísticos a alumnado que curse estudios fuera del país, que tilda de “inaceptable” desde una perspectiva jurídica y pedagógica, y advierte de que comprometen la calidad y legitimidad de los procesos de evaluación.

La Facultad denuncia además que el acuerdo contempla un uso inadecuado de los recursos públicos, al “priorizar líneas educativas experimentales con fundamentos ideológicos” sobre necesidades estructurales como la inclusión o la mejora de infraestructuras, algo que vulneraría el principio de equidad. Rechazan que el acuerdo supone una amenaza a la autonomía de los centros educativos y alertan de que imponer cambios lingüísticos sin participación de las comunidades escolares contradice la LOMLOE y la Ley educativa balear, que reconocen a los centros la capacidad de definir su proyecto lingüístico.

La Facultad de Educación hace un llamamiento al Govern balear para que preserve el consenso institucional alcanzado en torno al modelo lingüístico de conjunción, y para que base cualquier reforma en evidencias pedagógicas, participación democrática y respeto al marco legal. Advierte del riesgo que supone utilizar la política lingüística como arma de confrontación, y reclama responsabilidad institucional para proteger el sistema educativo como herramienta de igualdad, cohesión y convivencia democrática.