Las nuevas universidades online no pasarán por las Cortes si hay financiación autonómica
Así lo incluirá el decreto de creación y reconocimiento y autorización de nuevas universidades que endurece los criterios para elevar la calidad de los centros privados y que será aprobado por el Consejo de Ministros a finales de junio. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha decidido cambiar el borrador de la ley que contemplaba que las universidades con más del 80% de sus enseñanza de forma virtual fueran controladas por el Gobierno y, por lo tanto, aprobadas por las Cortes Generales.
Tras las críticas del Gobierno vasco, que se había opuesto frontalmente a este decreto por considerar que invadía competencias autonómicas y la autonomía universitaria, el ministerio que dirige Diana Morant ha admitido algunas de las enmiendas que habían presentado a la norma. De esta forma, aquellas universidades online que cumplan uno de los tres requisitos que establecerá el nuevo decreto seguirán bajo el paraguas autonómico. Estos requisitos son: que cuenten con precios públicos fijados por cada comunidad autónoma, que tengan su sede en territorios con lengua propia cooficial e impartan al menos el 50% de la docencia en dicha lengua, o que tengan financiación parcial de la comunidad autónoma, con un mínimo del 20% del presupuesto de la universidad.
Este cambio se suma a que las agencias autonómicas de evaluación también podrán emitir sellos de calidad de las universidades españolas, tanto de las ya implantadas como de las de nueva creación, aunque dichos sellos no serán vinculantes, según señalan a Efe fuentes del ministerio. Se trataría de distintivos que reconocen la calidad y excelencia de los centros. El decreto también contemplará una previsión específica relativa a la posibilidad de constituir centros que se asocien a una universidad con la denominación de Centro de Altos Estudios, en la línea con el proyecto del Gobierno vasco de promover centros de estudios avanzados.
La nueva ley con la que el Gobierno pretende frenar la creación de centros privados que no cumplen con los estándares de calidad en docencia o investigación ha recibido múltiples modificaciones en las últimas semanas, tras haber recibido también críticas de los gobiernos autonómicos presididos por el PP. Hace un mes, el Ministerio dio más margen a los centros privados y a los que imparten más del 80 % de sus enseñanza de forma virtual para que se adaptaran a la nueva normativa. Por ejemplo, que los centros tengan que superar los 4.500 alumnos en un plazo de seis años, en vez de cinco, desde el inicio de la actividad, o que las universidades ‘online’ que están ya activas no estén sujetas al control de las Cortes.