Sindicatos de la enseñanza concertada logran "nuevos avances" y desconvocan las protestas
Entre los nuevos avances conseguidos en el borrador de acuerdo sobre la jubilación parcial de estos docentes “el más destacable es la ampliación de la reducción horaria, pudiéndose fijar hasta un máximo del 75%”, indican en un comunicado tras la reunión. Por ello, “en pro de llegar a un buen acuerdo lo antes posible”, han decidido “aplazar las movilizaciones al mes de septiembre porque aún quedan reivindicaciones fundamentales por conseguir” en el sector.
Reducir la jornada del personal acogido a la jubilación parcial hasta el 75% facilita la organización interna de los centros, permitiendo “una planificación más eficiente de los recursos humanos y asegurando una transición progresiva y ordenada del personal hacia la jubilación”, según los sindicatos. Aunque se acercan las posiciones, el texto aún tiene “carencias” para ser considerado como un acuerdo “justo, viable y aplicable en todos los centros concertados” de la región, concluyen.
Por otro lado, el consejero de Educación, Emilio Viciana, ha recalcado que la cotización a la Seguridad Social de las prácticas de Formación Profesional está causando un “problema” para las empresas y para los alumnos en la Comunidad de Madrid y en el resto de España. “Las empresas no quieren coger alumnos en prácticas, supone un problema de gestión para ellas. Les da problemas desde el punto de vista de que pueden someterse a sanciones, perder subvenciones públicas, perder la oportunidad de participar en licitaciones”, ha dicho Viciana tras la Conferencia Sectorial de Educación. “Esto es inasumible”, según el consejero para quien también “los alumnos se enfrentan a un problema grave” si las empresas no les cogen, ya que “las prácticas son la clave del funcionamiento de la Formación Profesional”.
La ministra, Pilar Alegría, “se ha comprometido a hacer más adelante una Conferencia Sectorial específica para el tema de la Formación Profesional, pero no parece que vayan a ceder en el tema de la cotización de las prácticas. Nosotros seguiremos insistiendo”, ha añadido. La Comunidad de Madrid también ha insistido en pedir “un programa específico de financiación para infraestructuras educativas, pero el Ministerio “se escuda en que la educación es una competencia de las comunidades autónomas para no poner dinero”, ha concluido.