Asociaciones recogen firmas contra su "expulsión" de los Centros de Educación de Adultos
Estas asociaciones gestionadas por voluntarios organizan talleres, conferencias, salidas culturales y actividades gratuitas “abiertas a los barrios, siempre con la aprobación de los Consejos Escolares de los centros”, indica CCOO en un comunicado. En diciembre pasado, la Dirección de Área Territorial educativa (DAT) de Madrid Capital aplicó “de forma abrupta” el decreto 11/2018 y la Orden 2355/2019, que hasta ese momento no se habían implementado, y que equiparan a las asociaciones “con empresas privadas con ánimo de lucro”. Ello ha provocado su “expulsión de los CEPA y la imposición de condiciones” como contratar seguros, no tener sede en los centros y no realizar actividades en horario lectivo (de 9:00 a 21:00), a pesar de no interferir en las enseñanzas oficiales.
Además, la autorización para el uso de espacios ha pasado de los Consejos Escolares de los centros a órganos externos, dificultando aún más la continuidad de las actividades, añade Comisiones Obreras. Esta medida ha paralizado iniciativas con alta participación, como las de los CEPA Vista Alegre, Dulce Chacón o ADAMI (Hortaleza), que contaban con grupos completos y listas de espera. Las asociaciones afectadas, con el apoyo del sindicato CCOO, denuncian que esta situación “destruye el tejido educativo, cultural y social construido con vocación de servicio público y de educación a lo largo de la vida”.
El pasado 28 de marzo, las asociaciones presentaron una solicitud de reunión y revisión de la normativa ante la Dirección General de Educación Secundaria, sin recibir respuesta por lo que iniciaron una campaña de recogida de firmas entre personas socias, usuarias y simpatizantes. Este jueves entregarán por registro estas firmas junto a una carta dirigida al consejero de Educación, Emilio Viciana, y otros cargos de la Consejería, reclamando la suspensión de la aplicación de la normativa y su adaptación a la realidad de los CEPA.
Desde la Consejería de Educación recuerdan que los CEPA son centros educativos públicos donde se aplica “la normativa que regula y prioriza la utilización de sus espacios para fines educativos durante el horario lectivo”. Añade la Consejería que las asociaciones “pueden presentar proyectos de actividades complementarias” para estos centros, que siempre “deben tener el visto bueno del equipo directivo y no interferir en la formación reglada que imparten”.
Comisiones Obreras, por su parte, respalda la lucha en defensa de los CEPA como “espacios esenciales de educación y participación comunitaria, y anima a la ciudadanía a sumarse a esta causa para preservar su labor vital en los barrios de Madrid”.