CCOO, ANPE y UGT celebran el plan para reducir burocracia en educación

En un comunicado conjunto, consideran que el documento presentado por la Xunta “parece ambicioso” y “bien articulado” y que, una vez desarrollado, “corregiría problemas estructurales del sistema educativo gallego, como la existencia de aplicaciones informáticas obsoletas o la excesiva complejidad de muchos trámites administrativos que reducen el tiempo de la labor educativa”. Sin embargo, lamentan el retraso en su implementación, ya que, según el punto 7.1 del propio Convenio, este plan debería estar operativo durante el curso 2024-25.

Los sindicatos destacan que el plan incluye acciones necesarias para avanzar hacia una gestión de la información “más ágil, coherente y eficiente en los centros educativos” y que representa “un punto de partida” de otra serie de mejoras que también deben producirse. En este sentido, insisten en que la reducción de la burocracia “debe repercutir directamente en la mejora de las condiciones laborales de todo el profesorado” y que existen diversas tareas administrativas en los centros educativos “que son esenciales y que, dado su volumen, su influencia en la docencia solo puede mitigarse si se abordan desde otras perspectivas, que no pasan por la optimización de procesos ni la mejora de las aplicaciones”.

De esta forma, consideran necesario que se implementen reducciones de jornada específicas para el profesorado tutor, en reconocimiento del volumen de trabajo que conlleva esta función; así como otras reducciones para el profesorado especialista en función de un número determinado de alumnos y/o grupos a los que atienden. También la asignación de tiempo suficiente y el reconocimiento (en forma de reducción horaria y/o compensación económica) para las diferentes coordinaciones docentes existentes en los centros, la adaptación urgente del horario docente en los CIFP con respecto a los IES y la asignación de horas suficientes para las nuevas responsabilidades del profesorado relacionadas con la actual ley de FP. Por último, también exigen la incorporación de personal administrativo en los centros educativos “que permita al profesorado y a los equipos directivos liberarse de las tareas de gestión más rutinarias”.

Según la Xunta, los cambios previstos en el conjunto de acciones para la simplificación de las tareas burocráticas en los centros educativos presentado este lunes comenzarán a partir del curso académico 2025-2026, lo que implicará “un proceso de adaptación y esfuerzo por parte de la comunidad educativa”.

Desde los sindicatos consideran que estas acciones “pueden suponer un salto cualitativo en la organización escolar y en el tiempo efectivo dedicado a la docencia” y “una mejora para la carga burocrática del profesorado” para que pueda centrarse “en lo esencial, que es educar”. Además, CCOO, ANPE y UGT se comprometen “a supervisar rigurosamente la implementación de este plan y a exigir el cumplimiento de los plazos establecidos”, así como a recoger “las aportaciones y quejas del profesorado para transmitirlas en las reuniones de seguimiento del acuerdo”.

La Confederación Intersindical Galega (CIG) ha denunciado este lunes “incumplimientos” en los acuerdos de asignación de profesorado y ratios de profesor por alumno, así como “recortes” de cara al inicio del curso escolar. Según el sindicato, en el mes de julio han recibido numerosas llamadas de centros educativos expresando su “preocupación” por la falta de personal para atender a estudiantes con diversidad durante el próximo curso académico, además de consultas sobre la normativa relativa a agrupaciones y desdobles.

Desde la CIG, apuntan además a un documento con instrucciones de la Consellería “que revela más recortes” y también “incumplimientos” en el reglamento del personal. En concreto, se refieren a la no autorización para desdobles en aulas con una ratio máxima de 25 alumnos –todos los cursos excepto 4º y 5º de Educación Infantil– hasta que se alcancen los 28 alumnos reales, “sin tener en cuenta la discapacidad, la dependencia o el trastorno de conducta debidamente acreditado”.

También denuncian la falta de criterios en cuanto a las agrupaciones, con disparidades en los centros, así como el incumplimiento del catálogo de puestos de trabajo en educación infantil y primaria, aprobado en 2007. Según el sindicato, la asignación de un profesor de apoyo de educación infantil por cada tres unidades “nunca se ha basado, ni debería basarse, en el número de alumnos por aula”, como indica en dicho documento.

Además, la CIG apunta a que el texto insiste en la necesidad de “optimizar” los recursos y muestra “una excesiva preocupación porque hay profesorado con turnos u otras tareas que no están proporcionando refuerzos”. “Se insiste en que, independientemente de la especialidad, todo el profesorado, sea o no especialista en atención a la diversidad, debe proporcionar estos refuerzos”, señala el sindicato. También condenan que el documento fomente “la itinerancia” del profesorado y que no ayude con sus instrucciones a “reducir la burocracia” ni atender a la diversidad.

Por último, también apuntan que esa nota interna “limita al máximo el personal especializado para atender las necesidades, cada vez mayores y más diversas, de los escolares en Galicia”. La CIG asegura que según el documento de la Consellería, “se indica una proporción de unidades por cada especialista en orientación (hasta 30 aulas para uno o ambos orientadores) y 18 si se trata de orientación compartida; algo que no aparece en ninguna norma”.

Desde la Consellería de Educación, sin embargo, aseguran que la CIG “intenta, como cada verano, transmitir una idea que la realidad desmiente”, ya que el sistema educativo gallego “cuenta con más profesorado año tras año a pesar de tener menos alumnos”. “Estamos inmersos en un proceso de mejora constante y progresiva en el que esta organización no ha querido participar y que amparamos por ley. Gracias a ello, hemos reducido las ratios, introducido innovaciones pioneras en España, como el cálculo del alumnado con mayores necesidades, o prestando especial atención a las zonas rurales”, señala en un comunicado la Consellería. “Los gallegos pueden tener la tranquilidad de contar con uno de los mejores sistemas educativos del Estado y una de las comunidades autónomas que más invierte por alumno”, agrega el departamento de la Xunta.