Cuentas audita el plan para reducir la brecha digital escolar: faltan los concertados
Así se recoge en la fiscalización conjunta divulgada este jueves por el Consejo de Cuentas de Castilla y León y el Tribunal nacional de Cuentas sobre la ejecución del Programa de Cooperación Territorial (PCT) con las comunidades autónomas para la digitalización del sistema educativo, impulsado por el Ministerio de Educación dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Es la segunda auditoría realizada conjuntamente por las instituciones fiscalizadoras de España sobre las medidas adoptadas en el ámbito autonómico para la implementación del citado Plan, han detallado desde el Consejo de Cuentas autonómico.
El objetivo de la fiscalización ha sido evaluar cómo está implementando la Consejería de Educación el plan y si las tres actuaciones en las que está basando su implementación (dotación de portátiles al alumnado; instalación, actualización y mantenimiento del sistema digital interactivo SDI en las aulas; y capacitación técnica del profesorado en el funcionamiento de las dotaciones que reciban los colegios) están contribuyendo al logro de los objetivos perseguidos a través del programa.
El informe analiza que, con una inversión de 49 millones de euros en Castilla y León, la Junta ha superado ya los objetivos en dos de las tres líneas ya que ha entregado 18.269 portátiles (un 125% del objetivo previsto) y ha instalado 13.442 pantallas (un 112%). Además, en la tercera actuación, a 31 de marzo de 2024 se habían impartido capacitaciones a 723 centros, un 131% del objetivo intermedio a esa fecha y un 66% del objetivo final para el cierre de 2025 de 1.101 centros con capacitaciones impartidas.
Salvedades
No obstante, la auditoría recoge varias salvedades. Entre ellas, que los centros concertados no fueron incluidos en el reparto de equipos y formación, pese a representar el 17,5% del total de centros y el 27,7% del alumnado potencialmente beneficiario. Además, se asignaron recursos a estructuras públicas no previstas como destinatarias, como escuelas infantiles autonómicas, y no se aplicaron criterios homogéneos para detectar alumnado vulnerable.
Cada centro educativo aplicó su propio criterio para asignar los portátiles, sin considerar necesariamente la brecha digital ni adaptar los dispositivos a las etapas educativas. Tampoco se establecieron mecanismos claros para garantizar la trazabilidad del gasto ni se incluyó documentación clave en la plataforma de seguimiento del PRTR.
Siete recomendaciones
El Consejo de Cuentas formula siete recomendaciones, entre ellas la necesidad de documentar todos los procesos administrativos, garantizar una distribución equitativa entre centros públicos y concertados, y reforzar el conocimiento del grado de digitalización real de las aulas para planificar futuras actuaciones. También insta a mejorar los mecanismos de verificación, certificar correctamente las capacitaciones impartidas y vincular el equipamiento adquirido con aulas específicas financiadas.
El crédito asignado por el Estado al conjunto de las comunidades autónomas para este programa asciende a 989 millones de euros. Castilla y León recibió 49 millones, distribuidos en 7,2 millones para dispositivos, 40,9 para aulas digitales y 0,9 para formación docente. El periodo de ejecución se extiende hasta el 31 de diciembre de 2025.