Los colegios privados de Madrid sí tendrán permitido el uso individual de pantallas
El decreto de la Comunidad de Madrid que prohíbe el uso individual de dispositivos digitales en colegios públicos y concertados desde el curso 2025/26 ha incorporado una disposición adicional para que los centros privados, “en el marco de su autonomía” y garantizando su “adecuada utilización”, sí puedan usar esos medios.
El decreto, aprobado este miércoles por el Consejo de Gobierno, establece que los centros públicos y concertados tendrán el curso 2025/26 para adecuarse a la nueva norma.
De manera excepcional, aquellos colegios que tengan ya implantado un proyecto educativo que incluya un dispositivo individual por alumno dispondrán también del curso 2026-27 para su adaptación completa a la norma.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, su portavoz, Miguel Ángel García Martín, ha asegurado que el decreto hace “compatible” la “adquisición de las competencias digitales” con un “uso equilibrado” de dichos dispositivos.
Así pues, los alumnos de Infantil y Primaria solo podrán manejar dispositivos digitales de manera compartida y supervisada y con limitaciones de tiempo en función de edades y etapas.
En el primer ciclo de Infantil, hasta los 3 años, el uso de pantallas estará completamente vetado.
En el segundo ciclo de Infantil (3-6 años) y en 1º y 2º de Primaria, el uso compartido estará limitado a una hora semanal.
Este límite subirá a una hora y media en 3º y 4º de Primaria y a dos horas en 5º y 6º de Primaria.
De igual modo, los maestros no podrán ponerles deberes que tengan que completar en sus casas usando ordenadores o tabletas.
Sí estarán permitidos estos dispositivos “para estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo o en materias optativas donde sean imprescindibles”.
En cuanto a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), serán los propios colegios e institutos que la imparten los que delimiten el uso individual o compartido de tabletas, ordenadores y demás “según las características de las enseñanzas, la edad y el grado de madurez de sus estudiantes”.
La medida fue anunciada el pasado mes de marzo y ha sido objeto de críticas desde distintos frentes, desde asociaciones de padres y sindicatos hasta la asociación de Escuelas Católicas de Madrid.
El cuestionamiento de la autonomía pedagógica de centros y profesores, la inutilización de las inversiones ya realizadas o la falta de consenso previo fueron algunas de las objeciones más recurrentes.
La Comunidad asegura que ha tenido en cuenta algunas de las 400 opiniones y alegaciones recabadas en el trámite de audiencia e información pública, como la relativa a los centros privados.
También se ha encargado a la Inspección Educativa el asesoramiento a los centros para que, “en la aplicación de las medidas”, se garantice la seguridad y salud en el empleo de los medios tecnológicos.
