Escuelas Católicas de Madrid y CECE-Madrid estudian si recurrir el decreto antipantallas
ECM critica el volantazo de la Comunidad de Madrid en esta materia, pues hasta este curso había impulsado a las titularidades de los centros a implementar procesos de digitalización.
“Una sociedad tecnológica exige una escuela líder”, reza el comunicado emitido por Escuelas Católicas de Madrid (ECM) al calor del Decreto 64/2025, de 23 de julio, por el que se regula y limita el uso de dispositivos digitales en los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid. No en vano, el anuncio sorprendió a su secretario general, Emilio Díaz, en un gran evento en la sede del Banco Santander en Madrid para abordar los retos tecnológicos del sector educativo.
Al conocer el texto definitivo las patronales ECM y CECE-Madrid no han tardado en reaccionar. En el caso de ECM, que representa a los titulares de 340 centros de educación no universitaria, la inmensa mayoría concertados, que escolarizan a 223.082 alumnos, ha emitido un comunicado reiterando su discrepancia respecto a una decisión que “más allá de vulnerar el principio de autonomía de los centros y el derecho de dirección de sus titulares, impide que puedan ejercer su liderazgo educativo”.
Habla ECM de la necesidad de liderazgo constructivo pero también de “prevención”, de forma que las pantallas puedan utilizarse con sentido educativo. Y, al hacerlo, denuncia el volantazo de la Comunidad de Madrid en esta materia: “De hecho, así ha estado sucediendo, de la mano de la Administración educativa, en cumplimiento del artículo 111 de la LOMLOE, que ha impulsado a las titularidades de los centros a implementar procesos de digitalización”.
De “intromisión en los enfoques y herramientas de los que pueden disponer los colegios y en su obligación de formar ciudadanos del siglo XXI, capaces de afrontar los retos tecnológicos que nos plantea nuestra sociedad” tilda esta medida ECM, que, además, lamenta que no se hayan tenido en cuenta las recomendaciones del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. Se refiere ECM a la exclusión de los colegios privados de esta prohibición, “una incoherencia” si de lo que se trata es de la protección de la salud de los menores, sostiene ECM, que estudia a fondo la norma junto con otras organizaciones del sector y no descarta interponer acciones legales.
En cuanto a CECE-Madrid valora el periodo transitorio de dos cursos escolares que se ha introducido en la versión final del texto, una propuesta que planteó la propia organización, y que, a su juicio, sirve para garantizar “una adaptación realista y ordenada de los proyectos digitales ya implantados en los centros concertados”.
CECE-Madrid, que representa más de 120 instituciones educativas en la Comunidad de Madrid, concertadas y privadas, de titularidad laica y religiosa, que escolarizan a 100.000 alumnos, critica, eso sí, que una norma de este calado, “con implicaciones organizativas, pedagógicas y económicas tan relevantes”, haya sido aprobada en estas fechas estivales, “a tan solo unas semanas del inicio del curso escolar y en pleno periodo vacacional, dificultando la planificación de los equipos directivos y el ejercicio responsable de la autonomía escolar”. Al tiempo, echa en falta “una previsión clara de recursos materiales, humanos y formativos que acompañen la implantación de esta norma”, así como “una mayor corresponsabilidad por parte de las familias y medidas más contundentes fuera del entorno escolar, que es donde actualmente se produce la mayor exposición y riesgo en el uso abusivo de dispositivos digitales”.
Doble rasero
Tampoco entiende CECE-Madrid el doble rasero en lo que a autonomía pedagógica y organizativa de los centros educativos se refiere: “No entendemos por qué no se ha aplicado a los centros concertados el mismo criterio que se ha otorgado a los centros privados, a los que sí se reconoce expresamente su capacidad de autorregulación”.
Por todo ello, anuncia, como ECM, que estudian la posibilidad de interponer un recurso “en defensa de la seguridad jurídica de los centros, de su autonomía y del principio de libertad de enseñanza”. Entretanto, confía en que la norma pueda “evolucionar”, “adaptándose a la realidad de la sociedad digital en la que vivimos” y pueda articular “medidas equilibradas y eficaces que protejan el bienestar del alumnado sin menoscabar el proyecto educativo de cada centro”.
