Centros católicos interponen recurso contra la supresión de los dispositivos digitales en las aulas
El decreto establece que los centros públicos y concertados tienen el curso 2025-26 para adecuarse a la nueva norma.
El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publica hoy el Anuncio de 14 de octubre de 2025, de emplazamiento a terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo, interpuesto por la Federación Española de Religiosos de Enseñanza-Titulares de Centros Católicos, contra el Decreto 64/2025, de 23 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se regula y limita el uso de dispositivos digitales en los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de de 24 de julio).
Miguel Ángel García Martín aseguró que el decreto hace "compatible" la "adquisición de las competencias digitales" con un "uso equilibrado" de dichos dispositivos
De igual modo, los maestros no podrán ponerles deberes que tengan que completar en sus casas usando ordenadores o tabletas. Sí estarán permitidos estos dispositivos “para estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo o en materias optativas donde sean imprescindibles”. En cuanto a la ESO, serán los propios colegios e institutos que la imparten los que delimiten el uso individual o compartido de tabletas, ordenadores y demás “según las características de las enseñanzas, la edad y el grado de madurez de sus estudiantes”.
La medida fue anunciada el pasado mes de marzo y ha sido objeto de críticas desde distintos frentes, desde asociaciones de padres y sindicatos hasta la asociación de Escuelas Católicas de Madrid. El cuestionamiento de la autonomía pedagógica de centros y profesores, la inutilización de las inversiones ya realizadas o la falta de consenso previo fueron algunas de las objeciones más recurrentes.
La Comunidad asegura que ha tenido en cuenta algunas de las 400 opiniones y alegaciones recabadas en el trámite de audiencia e información pública, como la relativa a los centros privados. También se ha encargado a la Inspección Educativa el asesoramiento a los centros para que, “en la aplicación de las medidas”, se garantice la seguridad y salud en el empleo de los medios tecnológicos.