La Junta lleva a Fiscalía a un colegio de Sevilla tras el suicidio de una menor de 14 años

Según ha anunciado este jueves la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional tras realizar una inspección en el centro educativo, además de remitir la información al Ministerio Público, también abrirá un expediente administrativo para depurar las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de esta falta de actuación. Los inspectores han detectado, tras recoger testimonios de la dirección del colegio concertado y documentos tanto de las comunicaciones como de las actuaciones que se pusieron en marcha, que no se activó, según exige la normativa vigente, el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas, tal y como requería la situación.

Desde el departamento regional también han informado de que un equipo de expertos en bienestar emocional está interviniendo en el colegio para prestar apoyo y orientación profesional “en una situación tan difícil y complicada tanto para el alumnado como para los docentes”. Al mismo tiempo, han trasladado el pésame a la familia de la alumna, quien se suicidó nada más volver del colegio arrojándose desde la azotea de su casa.

El Defensor del Pueblo abre una investigación de oficio

Por su parte, el Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha informado de que ha abierto una investigación de oficio por estos hechos y ha indicado que se encuentra en contacto con su homólogo a nivel nacional, Ángel Gabilondo, desde que se produjeron los hechos. En la investigación –ha dicho– quiere aclarar “cómo ha funcionado el protocolo, que parece que no”, un caso que ha tratado en una reunión con cinco defensorías de otras tantas regiones.

Para Maeztu, alarma que se haya denunciado este tema en el colegio “dos, tres veces y no se haya producido el protocolo”, y ha añadido que hay que comprobar “si ha habido una denuncia de protocolo, por qué no funciona el protocolo”, una información que reclamará al director del colegio, entre otras personas. Además, ha precisado que ya ha contactado con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a la que ha pedido que “se ponga en marcha para averiguar qué ha pasado”, y ha apelado a captar “las señales de maltrato” y estar atentos cuando un alumno “no estudia o saca malas notas”, además de que estén atentos los profesores “que estén en el recreo”, donde “se detectaría cuando hay un niño al que le pasa algo”.

Según la consejera andaluza de Desarrollo Educativo y FP, Carmen Castillo, la inspección ha constatado que el colegio adoptó una serie de medidas aunque “no le consta” el inicio de los protocolos de acoso ni el de conductas autolíticas. “Hay que decir, y creo que es importante, que los protocolos son buenos, lo que hay que hacer es cumplirlos. No quiero yo decir que haciendo el protocolo las cosas van a cambiar, pero si no lo hacemos, no podemos evitarlo y esa es la idea del protocolo”, ha advertido.

El colegio adoptó una serie de medidas a petición de la familia, entre ellas un cambio de clase que, según Castillo, es una “medida habitual”, para separar al alumno, y “extremar la vigilancia” en momentos en que los alumnos tienen mayor interacción –intercambios de clases o en los recreos–. No obstante, ha explicado que lo que su consejería conoce hasta el momento es que “no consta el inicio de ninguno de los dos protocolos que de alguna manera tenían que haberse abierto con los indicios que tenemos en este caso”, uno para prevenir el acoso escolar y el otro para la prevención de las conductas autolíticas.

Tras recordar que a la vista de los indicios se ha dado traslado de la información recabada a la Fiscalía por si hubiera responsabilidades de tipo penal, Castillo ha insistido en que estas situaciones “son responsabilidad de todos, no solo de los centros”, de los que ha dicho que realizan “un esfuerzo grandísimo”. Ha recordado la influencia de las redes sociales en este tipo de conductas, de la misma forma que pueden ocurrir fuera del horario escolar o incluso en las vacaciones, de forma que “se puede trabajar a la hora de los centros educativos, pero no fuera”, y es entonces “cuando necesitamos la colaboración de todos”.

La consejera ha aclarado que “responsabilidades hay siempre”, y se debe comenzar por “quienes tendrían que supervisar que no se produzcan estas situaciones, pero también “sobre quién participa en esas situaciones porque estamos hablando de adolescentes, pero son adolescentes mayores de 14 años, que pueden tener responsabilidad”. Según Castillo, un niño de 5 años no es consciente de sus actos pero quien tiene 14, 15 o 16 años ya sabe lo que está haciendo y quizá habría que hacer ver a las familias el proceder de esos adolescentes que podrían haber “participado” en una situación como la sufrida por la joven sevillana.

“En este centro o en cualquier centro, de Andalucía o de cualquier sitio, que recuerden que muchas veces nuestros hijos se equivocan y hay que decirles: nos equivocamos”, ha recalcado. Ha indicado que más allá de las responsabilidades que se pueden derivar en vía judicial existen responsabilidades desde el punto de vista administrativo y por eso se ha requerido al centro para que inicie las actuaciones correspondientes y cuando se terminen esos expedientes administrativos se llegará a la conclusión.

Además ha explicado que en el caso de ambos protocolos, cuando cualquiera traslada a un centro la situación o la sospecha de que un alumno pudiera ser objeto de una situación de acoso, lo que tiene que hacer ese centro educativo es abrir un protocolo que está “bien establecido” con una serie de pasos. Ha considerado que el protocolo de prevención de conducta autolítica es un poco más complejo porque intervienen otros factores como la salud mental y los servicios sociales, pero ha reiterado que en el momento en el que se detecta una situación de riesgo “se pone en marcha ese protocolo que tiene hasta 11 pasos distintos”.

Castillo ha señalado que el centro educativo se ha puesto a disposición de la delegación territorial y de la Consejería para facilitar toda la información y la que han aportado se le ha trasladado a la Fiscalía.