El Gobierno aprueba el 'Estatuto del Becario' para promover la "igualdad de oportunidades"
La ministra de Trabajo Yolanda Díaz.
El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Estatuto de las personas en formación práctica no laboral, coloquialmente denominado como Estatuto del Becario, que por una parte, delimita las actividades formativas y las estrictamente laborales y, por otra, determina el régimen jurídico de las personas durante el tiempo que desarrollan esta actividad formativa en una empresa, institución u organismo público o privado. El Estatuto ha sido objeto de una intensa y prolongada negociación en el ámbito del diálogo social que ha dado lugar a la incorporación de un importante conjunto de propuestas tanto de las organizaciones sindicales como empresariales y ha sido acordado con CCOO y UGT.
“El cambio de denominación del Estatuto y la sustitución del término «becario» por el de «persona en prácticas formativas no laborales» permite pasar página de un concepto que ha sufrido una gran degradación a lo largo del tiempo para dar paso al reconocimiento de los derechos de las propias personas en formación y también de las personas trabajadoras”, dice el Ministerio de Trabajo en un comunicado. “Refuerza también la importancia de la actividad formativa y de su relevancia para alcanzar procesos de cualificación adecuados y eficaces”, añade el departamento de Yolanda Díaz.
El Estatuto que recoge esta norma constituye sobre todo un “instrumento clave para la igualdad de oportunidades”, así como para que el “acceso a la formación en las empresas no constituya una fórmula que degrade las condiciones de trabajo”.
Los becarios “no deben ser trabajadores low cost. La experiencia formativa no puede estar basada en la precariedad”, añade el Ministerio.
- Ámbito de aplicación: Abarca los periodos de formación práctica vinculada a grados del sistema de Formación Profesional, a enseñanzas artísticas o deportivas del sistema educativo, a especialidades formativas del sistema nacional de empleo y a prácticas universitarias curriculares y extracurriculares.
- Garantías: Evitará figuras como la de los falsos becarios y promoverá la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso a las prácticas no laborales.
Por otro lado, deberá existir una vinculación directa entre la actividad desarrollada en la empresa, que deberá ajustarse al contenido formativo recogido en el plan de formación individual y las competencias del itinerario formativo al que se asocia la práctica. “En ningún caso esta formación debe sustituir las funciones de una persona trabajadora por cuenta ajena”, señala también el texto.
Las prácticas no laborales estarán tutorizadas por una persona que podrá tener, como máximo, a cinco personas en formación práctica a su cargo. El total de personas en prácticas no laborales no podrá superar el 20% de la plantilla del centro de trabajo. y las personas en prácticas formativas tendrán derecho a la compensación de gastos, al descanso y a los servicios del centro de trabajo ofrecidos a las personas trabajadoras.
También se reconoce a las personas en prácticas el derecho a la protección frente a la violencia y el acoso. La norma reconoce además el derecho de la representación legal de los trabajadores a recibir información respecto a la formación práctica que se imparte en la empresa. Y se creará una Comisión de seguimiento de la formación práctica en el ámbito de la empresa.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social tendrá acceso a la documentación asociada a estas prácticas formativas no laborales y la planificación anual de este organismo incluirá actuaciones inspectoras de vigilancia del cumplimiento de esta norma.
La Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) cree que el Estatuto del Becario dificultará las prácticas formativas y las hará “poco atractivas” para las empresas, instituciones y entidades del tercer sector. El presidente de la CCS –órgano que representa a la sociedad en el sistema universitario a través de empresas, sindicatos y estudiantes–, Antonio Abril, ha lamentado que la norma no haya sido consensuada con la comunidad educativa y con los ministerios de Educación y de Universidades, ya que regula las prácticas académicas de las enseñanzas universitarias y de Formación Profesional.
“Estamos muy preocupados por las graves consecuencias que puede acarrear la actual propuesta normativa para las prácticas externas que realizan los estudiantes”, señala en un comunicado a Efe en el que resalta que la “sobrecarga de esfuerzos y de costes que se les imponen a las prácticas curriculares dificultará su gestión por las universidades”. Avisa de que las hará “poco atractivas” para las empresas, instituciones y entidades del tercer sector, comprometidas en programas de cooperación educativa. Y señala que, unido a la reducción de las prácticas extracurriculares, se limitará aún más la oferta de prácticas e impedirá su realización en períodos no lectivos.
El presidente de la CCS recalca que la norma no debería “coartar el desarrollo de esta actividad académica y dificultar la cooperación educativa entre universidades y empresas e instituciones”. Los Consejos Sociales piden al Gobierno revisar el actual marco normativo de las prácticas externas con el fin de mejorar su funcionalidad como actividad formativa esencial y recuerdan el Libro Blanco de las Prácticas, elaborado por los rectores, la CEOE, el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado, la Confederación Española de Centros de Enseñanza y la Cámara de Comercio de España. Una guía que distingue entre prácticas curriculares, extracurriculares o formativas obligatorias y voluntarias.
En este sentido, la directora general de la Fundación Universidad-Empresa y coordinadora del libro blanco, Carmen Palomino, ha señalado a Efe que el texto proyectado introduce dos cambios “que alteran el equilibrio actual”: la obligatoriedad de pagar todas las prácticas, incluidas las curriculares, sin distinguir si son o no obligatorias y las 480 horas en cuatro años para las extracurriculares. “Estas medidas no garantizan una mejor calidad, sino que reducen la oferta. Las pymes, que representan más del 90% del tejido empresarial, difícilmente podrán asumir nuevos costes; y el sector público o entidades sin ánimo de lucro –que acogen más del 60% de las prácticas universitarias– podrían quedar directamente excluidos”, advierte.
Palomino desmiente que haya mayoritariamente “falsos becarios” ya que desde 2024 todas las prácticas cotizan a la Seguridad Social, además de que el Ministerio de Trabajo realizó 4.194 inspecciones de las que 1.598 fueron irregulares: “penalizar al 95% del sistema por las infracciones de una minoría es, sencillamente, ineficaz y contraproducente”. El libro blanco señala que las organizaciones empresariales piden reforzar la legislación existente, pero no sustituirla así como no penalizar la oferta ya que las prácticas académicas aumentan hasta en cuatro puntos la tasa de empleabilidad.
La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha recordado a la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) que las cotizaciones que pagan por las prácticas curriculares de sus estudiantes están bonificadas al 95% y les ha avisado de que su problema está en una infrafinanciación que parte de las comunidades. “Que la CRUE llame a la puerta adecuada, que son las comunidades, y son muchas las que recortan el sistema universitario público… lo que tienen que hacer es sentarse con los presidentes autonómicos, empezando por Madrid, y exigir y defender una financiación adecuada”, ha dicho la ministra tras la aprobación del Estatuto del Becario. Un estatuto pactado en junio de 2023 con los sindicatos pero no con la patronal y que ha recibido las críticas de la CRUE por no contar con su participación para elaborarlo.
Los rectores señalaron hace un año que el régimen jurídico de las prácticas académicas es un asunto en el que “las universidades pueden advertir de posibles problemas a la hora de aplicar el texto normativo”, ya que se debe fijar la frontera entre lo que son prácticas académicas y lo que no lo son a la hora de configurar un contrato de trabajo. Criticaron que sean las universidades las que paguen las cotizaciones del estudiantado que realiza las prácticas curriculares incluidas en sus planes de estudio y que suponen hasta 9 millones de euros anuales, con bonificaciones. De esta forma lo expusieron cuando empezó a negociarse el Estatuto en el que también recordaron el “enorme esfuerzo de gestión administrativa” que representan unas 400.000 prácticas al año.
La ministra de Trabajo ha señalado que “ahora queda aquilatado lo que son las practicas curriculares, las que no y lo que es formación y no lo es”. “La CRUE sabe que tener relaciones laborales precarias o a personas que se están formando ocupando puestos de trabajo que no pueden pagar, no es correcto y no habla bien de la universidad española”, ha dicho tras incidir en que el debate de fondo está en la “deficiente financiación que tienen hoy y que está en manos de las comunidades”. Díaz ha puntualizado que “no era digno” que las prácticas de los investigadores fueran “precarias”. “Lo que no puede ser es un sistema en el que hoy muchas personas tengan que pagar para formarse”, ha recalcado.