La enseñanza concertada teme menos jubilaciones parciales de docentes con la nueva ley

Los sindicatos de la enseñanza concertada temen que las concesiones de jubilación parcial se eliminen o limiten después de que algunos gobiernos autonómicos se hayan quejado de que la nueva ley que entrará en vigor el 1 de abril les supondrá un sobrecoste en el pago de cotizaciones a la seguridad social de estos trabajadores.

Según el Real Decreto ley para la mejora de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo, la jubilación parcial se puede anticipar de los 2 años establecidos en las condiciones aún vigentes, a los 3 años de la nueva ley con reducciones de la jornada que van del 20 % al 33 % el primer año y de un 25 % al 75 % en los dos años siguientes.

La empresa deberá pagar el 100 % de las cotizaciones independientemente de la reducción, según detalla la ley que “sin perjuicio de la reducción de jornada, durante el período de disfrute de la jubilación parcial, empresa y trabajador cotizarán por la base de cotización que, en su caso, hubiese correspondido de seguir trabajando este a jornada completa”. Por otra parte, la jubilación parcial del trabajador va vinculada a un contrato de relevo que a partir de abril mejora las condiciones del trabajador porque tendrá que ser indefinido y a tiempo completo.

Sin embargo, las cotizaciones a la Seguridad Social del profesor o profesora parcialmente jubilada y del nuevo sustituto indefinido a tiempo completo son abonadas por las administraciones autonómicas en el ámbito de la enseñanza concertada. En este sentido, algunas administraciones, como la gallega o la de Castilla La Mancha, han criticado el “sobrecoste” que representa pagar más cotizaciones que con la antigua regulación.

Recuerdan que con la normativa anterior el trabajador que se jubilaba parcialmente lo podía hacer en un 50 % y aunque se abonara el 100 % de la base de cotización de este, era sustituido por un relevista con un contrato por el otro 50 % de trabajo y la base de cotización tenía que llegar al menos al 65 % de la base que tenía el jubilado parcial antes de acceder a la misma.

“Hay que pagar a dos trabajadores, donde antes había uno”, señalan a Efe fuentes cercanas a la consejería de Educación de la Xunta de Galicia que afirman que muchas comunidades tendrán que revisar los acuerdos con patronales y sindicatos para ver cómo aplicar esta financiación.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones señalan a Efe que “la nueva regulación surge del diálogo social entre Gobierno, patronal y sindicatos y abre el abanico de opciones a los trabajadores a la hora de jubilarse, a la vez que les da más derechos y protección. Además, ha recibido un gran apoyo en el Congreso de los Diputados”.

Sin embargo, la Federación de Sindicatos de la enseñanza concertada (FSIE) incide a Efe que los centros concertados podrían denegar las peticiones de jubilación parciales si no tienen recursos. FSIE Madrid ha mostrado su preocupación ante el Defensor del Pueblo y ha solicitado amparo sobre la Financiación de la Jubilación Parcial en Centros Concertados, ya que es la única comunidad autónoma que no tiene un acuerdo que financie la posibilidad de acceso a la jubilación parcial del profesorado de la concertada.

Representantes de este sindicato se han reunido esta semana con la Consejería de Educación madrileña para reclamar un acuerdo de jubilación parcial en pago delegado. El gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso se ha comprometido a reunirse con las patronales para discutir un borrador del acuerdo. FSIE Madrid avisa de que es “fundamental que haya un encuentro de la mesa sectorial y no se limiten a reuniones de dos partes”.