Un exdirector general de FP declara como testigo en el troceo de contratos de obras
El director general de Secundaria José María Rodríguez Jiménez y el subdirector general de FP Alfonso Mateos Antón, durante la visita a un centro en enero de 2020.
La propia Consejería de Educación solicitó en marzo de 2024 a la Fiscalía Provincial de Madrid que investigara presuntas irregularidades detectadas en obras de reforma en centros del complejo educativo Ciudad Escolar y la supuesta implicación de funcionarios públicos, tras lo cual cesó al entonces subdirector general de centros de FP, Alfonso Mateos. Dos directores de instituto y el exsubdirector Alfonso Mateos declararon en marzo ante la juez que no tenían competencias para autorizar dichas obras y apuntaron a sus superiores, entre los que se hallaba el exconsejero de Educación Enrique Ossorio, actual presidente de la Asamblea.
En junio pasado el empresario Gabriel Navarro, gerente del Grupo Virelec, declaró ante el Juzgado que en los últimos quince años hizo obras en el 2020-25 centros y que los encargos no se hacían por escrito. De hecho, la investigación de los contratos de obra en una docena de centros se abrió tras denunciar Navarro ante la Comunidad de Madrid impagos de 1,5 millones de euros, que la Comunidad trasladó a la Fiscalía ante un posible delito de prevaricación administrativa. El empresario también declaró que se había citado con un asesor de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, que se presentó como su mano derecha para solucionar los impagos, pero al no solucionarse puso un recurso contencioso a la Comunidad reclamando 1,5 millones “que se le debe”.
También declaró el 4 de junio la inspectora de Educación que hizo el informe sobre la cuenta de gestión del IES Ciudad Escolar y del IES Hotel Escuela en septiembre-octubre de 2023, cuyos directores le dijeron que “actuaban por órdenes del exsubdirector general de FP Alfonso Mateos”, también investigado en la causa, según la abogada de CCOO Eugenia Alcántara. El dinero que entraba en la cuenta de los centros, transferido desde la Dirección de Área Territorial educativa (DAT) de Madrid capital, era ejecutado en su totalidad, en concreto unos 650.000 euros en 2023. Y como los directores no tienen competencia para hacer pagos de más de 40.000, según la normativa vigente, ello apuntaría al pago de obras mayores mediante fragmentación de contratos, declaró la inspectora a la juez. “Cabe ahora preguntarse quién define las transferencias de fondos que hace la DAT a las cuentas de gestión de los centros docentes para ejecutar obras mayores”, según la abogada.
Están imputados los dos directores de IES, el director del complejo Ciudad Escolar que era testigo y ha pasado a imputado, y el exdirector de Centros de FP Alfonso Mateos. Y están personados en la causa como acusación la Comunidad de Madrid, el PSOE, Más Madrid, CCOO y Podemos.
