La CUP registra una ley para "cortocircuitar" un posible fallo del TC sobre el catalán

La líder de la CUP en el Parlament, Laia Estrada, en una rueda de prensa en las instalaciones parlamentarias, ha concretado que “su objetivo” es que la proposición se tramite por los procedimientos de urgencia y lectura única, lo que agilizaría su proceso legislativo. “Nuestra propuesta comportaría que no hubiese sentencia, la cortocircuitaría”, ha asegurado.

La ley de usos lingüísticos aprobada por el Parlament en 2022 y el decreto ley sobre los proyectos lingüísticos de centro, que ahora están bajo el estudio del TC, se “derogarían” si la proposición de la CUP sale adelante, por lo que el órgano de garantías podría detectar una “pérdida de objeto” que sustentase una futura sentencia. “Por esto, decimos que es la (propuesta) más efectiva. Si tú modificas la ley (actual), no tenemos la certeza de conseguir este cortocircuito”, ha advertido Estrada.

El texto que proponen los anticapitalistas, con el apoyo de Plataforma per la Llengua, quiere “garantizar” que el catalán sea la lengua vehicular en las escuelas e institutos de Cataluña, “hacer efectiva” la inmersión lingüística y “revertir todos los retrocesos” en este asunto.

Lectura “positiva” del “esprint de negociaciones”

La presidenta del grupo parlamentario de la CUP ha hecho una lectura “positiva” de la evolución del “esprint de negociaciones” para conseguir el máximo apoyo posible a la proposición de ley y lograr la tramitación de urgencia. Precisamente, los anticapitalistas han anunciado esta tarde que han pedido con JxCat la tramitación por la vía de urgencia de esta proposición de ley y han deseado recibir el apoyo de otros grupos parlamentarios para que la petición “prospere”. Este procedimiento parlamentario, que la Mesa del Parlament tiene la potestad de acordar, lo debe requerir el Govern, tres grupos parlamentarios o una quinta parte de los diputados y comportaría la reducción a la mitad de los plazos habituales.

El objetivo de la CUP es que la tramitación de su proposición culmine en los plenos programados para este julio, aunque Estrada ha reconocido que es “muy difícil”. Los anticapitalistas también se han reunido con los consellers de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, y de Educación, Esther Niubó, en un encuentro “largo” que ha servido para “contrastar” las visiones sobre “la forma más efectiva” para blindar el catalán en las escuelas. “Nos hemos quedado enrocados en posiciones”, ha admitido Estrada, que ha añadido que “nos emplazamos a continuar hablando y les emplazamos a asesorarse con los servicios jurídicos de Plataforma per la Llengua” ante el “escenario peligroso” que podría dibujar una futura sentencia.

El pleno del Parlament aprobó el 3 de julio una moción que expresa la voluntad de la cámara de “explorar las iniciativas legislativas con el objetivo de proteger los centros educativos” ante las sentencias del 25% de castellano en las aulas y “reforzar el marco jurídico que blinde” el catalán en la escuela. La moción, impulsada por la CUP, ha contado con el apoyo de Junts, ERC, Comuns y Aliança Catalana, mientras que el PSC se ha abstenido y el PP y Vox han votado en contra.

El texto señala que “la imposición de la vehicularidad de la lengua castellana y su uso en un mínimo del 25% en la educación por parte de los tribunales españoles no se fundamenta en ningún tipo de criterio pedagógico”. Asimismo, remarca que “es contraria a un amplio y sostenido consenso social y parlamentario y atenta contra los derechos lingüísticos y educativos del conjunto del alumnado y contra el futuro de la lengua catalana”. Al respecto, apuesta por que el Parlament refuerce “el marco jurídico que blinde la competencia plena en catalán y su uso como lengua vehicular, con el consenso y mayoría de la comunidad educativa y las entidades en defensa de la lengua”.