Independencia y cuerpos docentes

Leo un voluntarista artículo del catedrático de Pedagogía de la Universitat de Barcelona, Francesc Imbernón, sobre Educación e Independencia (http://diarieducacio.cat/independencia-i-educacio-un-somni/) que, como señala el autor, parte de la base de que “si existiera la independencia de Cataluña, esta nos llevará a un escenario donde se dé mucha importancia a la Educación”. Así, entre otras cosas, plantea el sueño de que en menos de una década se alcance un gasto educativo del 8% del PIB en Cataluña.

Bien que ese sueño también podría ser la pesadilla, si son ciertas las advertencias económicas de bancos y autoridades europeas, que tal independencia sacaría a Cataluña de la protección política y económica europea, y por tanto, a un importante deterioro financiero que más que acercar ese 8% deseado, lo alejaría con más recortes y estrecheces en Educación.

Pero lo que sí me ha suscitado el artículo es la reflexión sobre cuál sería el futuro de los cuerpos docentes, recordemos, todavía estatales aunque de gestión autonómica. La hipotética independencia, así, pondría en la tesitura a decenas de miles de docentes si ésta se traduce en una ruptura de unos cuerpos estatales que hasta ahora han garantizado la movilidad docente.

De manera ambigua, el tema lo ha tratado el llamado Consejo Asesor de la Transición Nacional de Cataluña de la Generalitat en alguno de sus documentos (http://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/consells-assessors/consell_assessor_per_a_la_transicio_nacional_catn/informes_publicats/). Son informes donde este Consejo trata de dar respuesta a los miles de flecos que provocaría esta independencia. Entre ellos, por ejemplo, éste: ¿pasarían los funcionarios docentes a funcionarios docentes del nuevo Estado?

Un apunte de las dificultades: “Una de estas diferencias, particularmente relevante, es la que se da en relación con el requisito de la nacionalidad, requisito que no constituye ningún problema en los supuestos de descentralización, pero que puede llegar a constituir un impedimento en el caso de la sucesión de Estados”.

Desde el independentismo se tranquiliza en que nadie puede perder la nacionalidad española según la Constitución; por tanto, en caso de independencia sumará, no sustituirá, su nacionalidad catalana a la española y así seguirá siendo ciudadano de todo derecho del menguado Estado español.

Habría que ver al contrario: quienes adquirirán esa nueva nacionalidad.

¿Es este supuesto trasladable a la condición de funcionario? Más dudoso es que las resultantes instituciones españolas asuman esa excedencia ad aeternam de miles de funcionarios en sus cuerpos docentes mientras ejercen su función, también como funcionarios en ejercicio, en otro Estado. Supongo que algo dirían las organizaciones sindicales si tal nivel de excedencias frenasen las nuevas contrataciones. El principio de jerarquía administrativa y la posición de un Estado quizás sin ánimo de cooperar con la Cataluña independiente condicionaría esa permanencia en los cuerpos docentes.

El Consell Asesor ve que las exigencias de contratación de nuevos funcionarios –al asumir Cataluña competencias ahora del Estado– permitiría atraer “talento a Cataluña”. Podría pasar lo mismo en la docencia… O lo contrario, ya digo, si los riesgos anunciados se hicieran realidad, la recesión e hiperinflación ridiculizara los sueldos públicos y esto provocara un éxodo de docentes en los estertores de su derecho a la movilidad estatal que les permiten los actuales cuerpos docentes.

Es cierto que este carácter estatal, en la práctica, es de hecho limitado por la exigencia en las autonomías con lengua propia ante la exigencia de requisito lingüístico. En los concursos de traslados estatales, Cataluña tiene el mayor porcentaje de cobertura con profesores del mismo territorio. Pero también, que miles de docentes valencianos ejercen en Cataluña como interinos o funcionarios, y al contrario, esperando circunstancias favorables para volver a casa. Sin ir más lejos, el propio conseller de Educación valenciano, Vicent Marzà, ganó su plaza docente en las oposiciones catalanas antes de trasladarse a la Comunitat. Para estos profesionales, la hipotética nueva frontera sería una frontera laboral, la ruptura del reconocimiento de sus servicios prestados.

Otra circunstancia sería la contraria, la de los docentes catalanes con destinos en otras autonomías, que quizás verían, si la vecindad fuera requisito de nacionalidad, cercenada para siempre la opción de volver a casa.

Seguro que estos apuntes de casuísticas pudiera extenderse, pero esta brevedad basta para mostrar que la independencia al menos inunda de incertidumbre los actuales cuerpos docentes de funcionarios públicos. Y no es tema menor la estabilidad laboral de miles de personas que con su voto el domingo no pueden prever si su futuro pintan copas o bastos.