Empresas de autobuses denunciadas por no prestar servicio en Extremadura dicen que precios ofertados no cubren gastos
Alrededor de 220 rutas escolares de las 579 que conforman el mapa del transporte escolar extremeño se han quedado sin servicio, lo que ha afectado a miles de escolares residentes, principalmente, en municipios de entornos rurales o de poca población. Aunque la cifra dada inicialmente de estudiantes afectados por la falta de prestación de este servicio rondaba los 7.000 para las 242 rutas sin adjudicar, las últimas licitaciones de rutas han reducido el número de las mismas a unas 220, por lo que la cifra de alumnos que se han quedado sin dicho transporte también ha disminuido.
Ni la Consejería de Educación ni las empresas que no han optado al concurso de este servicio han ofrecido cifras concretas. Un grupo de empresas del sector ha decidido no optar a la licitación de las mismas al entender que los precios ofrecidos por la Administración regional “no llegan para atender los gastos, que son muchos, desde el mantenimiento de los autobuses, el pago a conductores, averías y combustible, entre otros”. “Cuando la goma se estira mucho, pues pasa esto”, han afirmado a EFE estas empresas, que rechazan de plano que la Consejería de Educación los señale como culpables” de esta situación.
Asimismo, han remarcado que cuando hay un concurso público, “el que quiere va y el que no, pues sencillamente no va”. Al objeto de dar solución, la Junta adoptó dos medidas; la primera fue una denuncia por la vía penal a estas empresas por no prestar “un servicio esencial” cuando existe un acuerdo marco suscritas por todas -tanto las que han acudido a las licitaciones como las que no- y una petición de medidas cautelares para que la Administración de Justicia obligara a estas últimas a prestar un “servicio esencial” para un derecho -el educativo- esencial. Además, el Gobierno regional denunció “coacciones” para elevar el precio del servicio.
El Juzgado instructor de la denuncia ha emitido este jueves un auto en el que rechaza las medidas cautelares y sostiene que dichas coacciones, en el inicio de este procedimiento, no están constatadas. La segunda fue un una resolución administrativa para adjudicar de forma directa y con “obligación” de cumplimiento las rutas de transporte escolar, la cual no ha sido atendida por las empresas en su práctica totalidad. “Nos han crucificado cuando es la Administración la que ha tirado piedras sobre su tejado”, han agregado a Efe desde el sector, que entienden que el auto del Juzgado es “la mejor contestación” a la Administración.