Acuerdo entre la Junta de Extremadura y las empresas desbloquea el conflicto del transporte escolar
La recuperación de las 223 rutas escolares que desde el inicio del curso escolar –cuatro días– carecían de servicio, ha sido anunciada esta tarde en rueda de prensa por la consejera de Educación, Mercedes Vaquera. “Las empresas del transporte escolar que no estaban prestando el servicio comenzarán a hacerlo” este miércoles, ha reiterado la consejera, cuatro días después de que alrededor de 5.000 alumnos, principalmente, de zonas rurales y pequeños municipios no hayan tenido la oportunidad de acceder a “este servicio esencial”.
Tras un largo proceso de negociación para solventar “una indeseable situación”, según Vaquera, la Administración autonómica y las empresas que optaron por no concurrir a la licitación por entender que el presupuesto ofertado “no cubría los gastos” han alcanzado un acuerdo. Aunque en la tarde este lunes todo parecía indicar que la resolución al conflicto estaba hecha –la consejera convocó a la prensa hasta en dos ocasiones–, algunas de las exigencias planteadas por las empresas “carecían de cobertura legal”, ha explicado. Entre éstas, Vaquera se ha referido a las autorizaciones de uso regular especial, a los cambios de categoría, las modificaciones de itinerario y las plazas de movilidad reducida; unas exigencias que dichas empresas querían que se aplicaran de forma inmediata y “que afectasen exclusivamente a las rutas que hasta la fecha no contaban con servicio”. “Carecía de cobertura legal, pues precisaba de una modificación de las condiciones de esos contratos y, además, causaba un perjuicio a las empresas que sí lo estaban prestando”, ha explicado.
La respuesta de la Junta de Extremadura ha sido dar cobertura legal a través del acuerdo marco existente –a través de nuevos articulados– y extrapolar dichas pretensiones a “todos los contratos relativos a la prestación de este servicio” al objeto de “no causar ninguna discriminación a ninguna empresa”. Además, la Consejería de Educación desiste de ejercitar la acusación particular en la denuncia presentada el pasado 4 de septiembre contra las empresas que no prestaron el servicio y descarta presentar recursos contra un auto judicial que denegó las medidas cautelares solicitadas por la Administración dirigidas a obligarlas a prestar el servicio.
A pesar de la recuperación del servicio en las 223 rutas afectadas desde el inicio del curso escolar, Vaquera ha apuntado que se den posibles desajustes derivados de que alguna empresa no disponga de todo el personal necesario para prestarlas. “Puede haber alguna pequeña incidencia en alguna ruta concreta, pero su compromiso es hacerlo”, ha agregado. A lo largo de estos días, Vaquera ha insistido en que la Junta ha ejercido su responsabilidad desde el primer momento, como refleja el acuerdo marco firmado en 2024, que supuso un aumento del precio en más de 16 millones de euros y que fue rubricado por las empresas por unanimidad.
La Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (FREAMPA) ha liderado junto a las familias de los escolares afectados numerosas concentraciones celebradas estos días para exigir una solución. Antes de esta resolución al conflicto, la Junta de Extremadura había aprobado este martes en Consejo de Gobierno una ayuda extraordinaria y urgente para los alumnos afectados, consistente en 0,26 euros por kilómetro en dos recorridos de ida y vuelta al centro escolar para las familias que utilizaran sus vehículos.