La Xunta creará por ley una oficina de atención y apoyo al profesorado
El conselleiro de Educación, Román Rodríguez.
Para ello, se modificará, a través de la ley de acompañamiento de presupuestos, la norma existente en materia de convivencia y participación de la comunidad educativa; según ha explicado Rodríguez durante una comparecencia parlamentaria. Esta nueva oficina responde a la línea estratégica que sigue su departamento para “reforzar” la “autoridad” del profesorado, ha explicado el conselleiro, que ha querido mandar “un mensaje nítido” a favor del respeto hacia los profesionales docentes.
Se trata de uno de los pilares de las políticas educativas que la Xunta quiere poner en marcha para “prestigiar la labor del profesorado”, una meta para la que, en paralelo, pedirán al Gobierno central que reformule el temario de las oposiciones por entender que los contenidos están “desactualizados y desconectados de la realidad actual”. De igual manera, Rodríguez también ha juzgado oportuno “adecuar”, lo que en la práctica implicaría reducir o modificar, la oferta de plazas universitarias de Magisterio al tamaño de las convocatorias de oposiciones para “evitar el despilfarro” que, en su opinión, supone “perder recursos humanos” en formar personas que luego no acceden a la docencia.
Asimismo, ha fijado como prioridad trabajar sobre la inclusión educativa, el apoyo a las familias, la digitalización de la enseñanza, la innovación, el bienestar, la convivencia y la igualdad de oportunidades.
Inicio del curso escolar
Más de 300.000 alumnos y alumnas volvieron a las aulas el pasado día 8 de septiembre en Galicia en un contexto marcado por las protestas de parte de la comunidad educativa por la falta de medios y de los sindicatos educativos por las condiciones laborales del profesorado. En su intervención, Rodríguez ha defendido que el curso “ha comenzado con gran normalidad y ya está totalmente en marcha”, al tiempo que ha repasado la “historia de éxito” del sistema educativo gallego, al que ha señalado como “líder” en equidad y “referente” en inclusión o en resultados académicos.
Para seguir avanzando en esta línea, el conselleiro ha optado por ceñirse al acuerdo firmado con una parte minoritaria de los sindicatos educativos y que establece, entre otras medidas, la reducción progresiva de las ratios de alumnado por aula a lo largo de los próximos cursos. Por este motivo, ha opinado que el Gobierno central “parece que quiere copiar” este pacto con su propuesta para reducir por ley el número máximo de estudiantes por aula y ha considerado que el Ejecutivo “llega tarde otra vez” con “anuncios sin concretar” y de los que las comunidades autónomas no han tenido “ninguna comunicación”.
Críticas por la situación de varios centros y la sobrecarga del profesorado
Los argumentos esgrimidos por Rodríguez no han convencido a los grupos de la oposición, que le han reprochado la situación que se vive en múltiples centros de educación gallegos, con carencias materiales en las instalaciones, aulas sobrecargadas o profesorado con exceso de trabajo. La diputada del BNG María Cristina Fernández Davila ha sostenido que tanto docentes como alumnos “merecen” recuperar los derechos retirados desde la llegada del PP al Gobierno gallego en 2009 y ha advertido que la situación es más grave en el caso del niños y niñas con necesidades educativas de atención especial. Además, ha criticado nuevamente las instrucciones de neutralidad ideológica trasladadas por la inspección educativa a los centros y que, a su modo de ver, constituyen un intento de aplicar la “censura” en los colegios e institutos gallegos.
Por su parte, en su estreno como parlamentario apenas unas horas después de tomar posesión del escaño, Aitor Bouza (PSdeG) ha cuestionado la “política de puertas cerradas” de la Consellería de Educación, a cuyo titular ha acusado de no atender las reivindicaciones de sindicatos y comunidad educativa. “Le están fallando a la Galicia del presente y, sobre todo, a la del porvenir”, ha sostenido. Cecilia Vázquez (PPdeG), en cambio, ha avalado las políticas puestas en marcha por la Administración autonómica y ha instado al Gobierno gallego a seguir avanzando en la dirección actual.