Educación cumple con la digitalización con salvedades, según el Consejo de Cuentas

El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, ha presentado este lunes el informe de fiscalización conjunta con el Tribunal de Cuentas de este programa, en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León, cuyo plazo de finalización se ha fijado a 31 de diciembre. Amilivia ha desglosado en tres las actuaciones materializadas para implementar el Programa en el ámbito de la Comunidad, la primera de ellas la dotación de dispositivos portátiles, la segunda la instalación, actualización y mantenimiento del Sistema Digital Interactivo en las aulas, y la tercera la capacitación técnica del profesorado en el funcionamiento de las dotaciones que reciban los centros.

Al enunciar las salvedades al cumplimiento por parte de la Consejería de Educación, Amilivia ha citado que, en la primera actuación, no se incluyó a los centros concertados y se asignaron portátiles a centros, equipos y estructuras públicas no contemplados como destinatarios en el Programa. En las actuaciones segunda y tercera -instalación y capacitación- también se adquirieron equipamientos y se impartieron capacitaciones destinadas a estos mismos centros, ha expuesto, además de señalar que, según el Programa de Cooperación Territorial, la Comunidad está obligada a cumplir con la normativa reguladora del Mecanismo del fondo europeo.

En cuanto a la segunda actuación (aulas digitales) se identificaron seis contratos de adquisición de ordenadores de sobremesa y monitores financiados con estos fondos cuyo gasto no puede vincularse de manera adecuada con las aulas digitales interactivas constituidas al no haber una pista de auditoría suficiente que lo respalde, ha establecido el presidente del Consejo de Cuentas.

Recomendaciones a la Consejería

Como recomendaciones, Amilivia ha expuesto que la Consejería de Educación debería asegurarse de que todas sus estrategias, así como los procedimientos y trámites administrativos que aplique, queden debidamente documentados. Además, ante futuros programas con financiación nacional o europea para la digitalización de los centros, debería considerar adoptar medidas que garanticen una distribución equitativa de los recursos, contemplando a los centros públicos y a los privados concertados. Debería también implementar medidas específicas para obtener un conocimiento más detallado y preciso del grado de digitalización de las aulas de todos los centros competencia de la Comunidad como base para planificar futuras iniciativas.

Amilivia ha mencionado además que tendría que incluir información adicional en la plataforma de gestión de los fondos europeos, concretamente la relativa a las actas de comprobación de la prestación efectiva del servicio de capacitación a todos los centros que, tras la incorporación de las 13.442 pantallas digitales interactivas, hayan recibido la formación correspondiente. Otra recomendación a la Consejería consiste en considerar, antes del próximo 31 de diciembre, la posibilidad de modificar los certificados de los mecanismos de verificación derivados de la ejecución de las actuaciones del Programa de Cooperación Territorial cuando los destinatarios hayan sido centros que no estaban contemplados como tal.

Por otra parte, en relación con el subproyecto de aulas digitales, se debería garantizar la trazabilidad del gasto asociado a la adquisición de monitores y seis ordenadores de sobremesa, vinculándolos directamente con las Aulas Digitales Interactivas. Para ello se debería incorporar en los mecanismos de verificación un listado detallado que, para cada centro, identifique las aulas constituidas objeto de financiación.

Finalmente, la Consejería debería recopilar, si no dispone de ella, toda la documentación justificativa de la adquisición de dispositivos y de los equipamientos para las aulas que exige el Manual de Gestión #EcoDigEdu, ha manifestado.